La defensa que los ciudadanos hacen de las áreas verdes de la Colonia Provitec en nuestra ciudad, debe ser atendida por las autoridades Estatales y Municipales. De acuerdo a lo publicado por El Siglo de Torreón, los colonos impidieron la instalación de una cerca en rededor de una superficie de terreno cuyo destino legal es de área verde, cuyo inmueble se reclama como de propiedad privada.
El presunto propietario exhibe un documento de cuyos antecedentes, aparece que el Municipio donó a particulares el terreno en tiempos del alcalde Salvador Jalife García. Se trata de un acto ilícito frecuente en nuestro medio por el que tales superficies suelen ser consideradas como botín, lo que ha contribuido al deterioro de nuestro medio urbano en perjuicio de la calidad de vida de los torreonenses.
Son frecuentes los casos en que los habitantes de un fraccionamiento actuando como “contraloría ciudadana”, se constituyen en filtro para evitar despojos que los costosos sistemas de catastro y registro público de la propiedad son incapaces de prevenir. Por ello es necesario promover y organizar este tipo de participación cívica para salvaguarda de los intereses de los involucrados y en beneficio de la comunidad en su conjunto.
En el caso específico el alcalde Guillermo Anaya debe ir al fondo de la cuestión y equipar la superficie para que funcione de acuerdo a su destino. En lo general se debe poner a disposición de asociaciones de colonos, organismos intermedios y medios de comunicación el inventario de bienes municipales, para evitar que los registros catastrales y de la propiedad funcionen a río revuelto para ganancia de pescadores.
