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WASHINGTON, EU.- La primera voz pública de alarma sobre la paralización de actividades de las dependencias de la Organización de Estados Americanos por falta de presupuesto la ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al afirmar que estuvo a punto de no empezar sus actuales sesiones.
“La situación financiera en la que nos encontramos es grave”, declaró su presidente José Zalaquett. Dijo que la CIDH ha podido realizar sus actuales sesiones debido a los “importantes aportes financieros” de Brasil, Costa Rica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, México y Suecia, y los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Europea, Fundación Ford y Universidad Notre Dame.
La CIDH ha sido también la primera dependencia en expresar su oposición a la reorganización dispuesta por el secretario general Miguel Ángel Rodríguez. Dijo que los cambios afectaban su autonomía en aras de un “coordinador” de derechos humanos, a quien Rodríguez le dio funciones administrativas como asesor personal.
“Por primera vez en su historia, a pocas semanas del inicio de este período de sesiones (la CIDH), no contaba con los recursos financieros necesarios para celebrarla”, afirmó Zalaquett.
Otra fuente de la OEA, que habló bajo condición de anonimato, dijo que la CIDH recibió los fondos apenas “cinco días antes” del inicio de sus sesiones el 21 de octubre. En su actual período de sesiones, la CIDH celebró 44 audiencias.
Las denuncias ante la CIDH se han incrementado en un 170 por ciento en los últimos siete años, pero su personal de profesionales y administrativos ha disminuido, declaró Zalaquett.
Zalaquett, jurista de origen chileno, habló de la crisis ante reporteros sin entrar en cifras. Dijo que para 2005 se ha planteado una reducción del diez por ciento en el presupuesto de la CIDH, un ente autónomo que celebra sesiones ordinarias hasta dos veces por año.
La OEA, que tiene hasta un millar de empleados permanentes y contratados, registrará un déficit de un millón de dólares este año con un presupuesto de 76.6 millones. El déficit subiría el próximo año a cinco millones con un presupuesto aún no aprobado pero que se proyecta todavía menor, de 76.2 millones.
La CIDH recibe un cuatro por ciento del presupuesto regular de la OEA, pero sólo le alcanza para operar hasta septiembre. A partir de allí “sobrevive” con fondos externos provenientes de donantes.
“Si el recorte se concreta, la CIDH sólo podría operar hasta medio año en 2005”, dijo la fuente.
Las limitaciones presupuestales han estado afectando a la organización de 34 Gobiernos miembros desde hace tiempo, pero ninguna de sus dependencias había dado a entender hasta ahora los alcances de sus dificultades.
Rodríguez proyectó un ahorro de hasta dos millones de dólares al año con su plan. Pero, no alcanzó a ver los resultados al renunciar cuatro semanas después de asumir el cargo a raíz de un caso de presunta corrupción que lo involucraba en su país, Costa Rica.
Debido a la crisis han circulado versiones de que la OEA elegiría a un sucesor de Rodríguez en junio, cuando celebrará su reunión ordinaria de cancilleres, a fin de evitar el gasto de una convocatoria extraordinaria.
A la CIDH le ocurre lo mismo que a la propia organización en su conjunto: el trabajo que demandan los Estados miembros es cada vez más amplio y exige movilización de varios funcionarios. Rodríguez creía también que los salarios eran muy altos y se propuso congelarlos y hasta reducirlos.
