De nuevo la Procuraduría de Justicia de Coahuila incurre en hechos que retrotraen el nivel de su desempeño a veinte años, lo que exige una explicación del procurador Óscar Calderón Sánchez. De acuerdo a información publicada por El Siglo de Torreón, el fin de semana tuvo lugar la privación de la libertad y traslado a otra ciudad, de un empresario sin que existiera orden de aprehensión emitida por un juez competente.
El hecho que se traduce en un vulgar secuestro con patente de impunidad, fue realizado por presuntos agentes ministeriales del estado de México que contaron con la complicidad de la Procuraduría de Coahuila. El ciudadano fue citado a las oficinas de dicha dependencia de calle Zaragoza entre las avenidas Morelos y Matamoros, en donde al percatarse de las ilícitas intenciones en su contra, permaneció encerrado en su vehículo durante ocho horas.
El asedio de los agentes locales y foráneos que llegaron al extremo de golpear al vehículo y disparar sus armas de fuego, lograron amedrentar al empresario que optó por entregarse a sus captores. Una vez trasladado al estado de México, el afectado fue sometido a una investigación por el delito de fraude que concluyó con una resolución que niega el ejercicio de la acción penal en su contra, lo que implica el consabido “usted perdone”.
Existe la sospecha de que la resolución liberatoria haya sido obtenida mediante el pago de una cantidad de dinero, lo que en su caso constituye una extorsión. El solo hecho de que se detenga a cualquiera sin orden de aprehensión o se utilice al Ministerio Público como agencia de cobranzas como ocurría en tiempos que creíamos superados, es inadmisible a la luz del respeto a los Derechos Humanos y a la vigencia del Estado de Derecho.
