El 65 por ciento de los consorcios mexicanos caen en actos de corrupción para ser competitivos
Agencias
MÉXICO, DF.- Algunas acciones que México puede llevar a cabo contra la corrupción es establecer y distribuir una lista de empresas involucradas en sobornos, así como fortalecer la cooperación entre Gobierno y empresas, consideró la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE).
“La corrupción tiene efectos serios en el desempeño económico del país. En el sector privado hay una encuesta basada en tres mil 985 empresas en 32 estados y muestra que 65 por ciento tiene conocimiento de algún acto de corrupción que fue necesario para permanecer competitivo”, informó la OCDE.
Como parte del seguimiento de la Convención Anticorrupción de la OCDE, de la que México es parte, el organismo evaluó los mecanismos con los que el país enfrenta la corrupción y emitió algunas recomendaciones tanto para el país como para las empresas que operan en el exterior.
“Los esfuerzos del Gobierno (mexicano) se enfocan a la corrupción que existe en el país, mientras que la lucha contra el soborno trasnacional requiere esfuerzos transfronterizos también”, afirmó la OCDE en un avance preliminar.
Algunas recomendaciones se orientan a apoyar a contadores, auditores y profesionistas legales para desarrollar cursos y entrenamientos contra los sobornos, tomando en cuenta el mayor peso que tienen las transacciones empresariales internacionales en la economía del país.
“Debe asegurarse que la policía y acusadores serán más proactivos, (además de contar con) una continua mejoría en su preparación, herramientas analíticas y técnicas de investigación financiera”, informó la OCDE.
También consideró viable tener análisis estratégicos de las características de delitos como lavado de dinero, para llevar a cabo mejoras en su prevención y detección.
Otra sugerencia es asegurar que todos los servidores públicos reportarán cualquier delito de soborno, y que se extiende a contadores y auditores. En ningún caso debe de entrar en contradicción con las reglas de confidencialidad.
El organismo multilateral consideró que uno de los principales retos del Gobierno es restaurar la confianza pública en las instituciones.
