Las sanciones impuestas por el Instituto Federal Electoral a diversos partidos políticos nacionales debido al gasto en exceso en que incurrieron en los comicios federales del año pasado, merecen ser comentadas. Las multas que sobrepasan la suma de cuatrocientos veintidós millones de pesos ofrecen una medida que corresponde al dispendio en que a ojos de la ciudadanía, se incurrió en muchos de los casos.
Las multas difieren en cantidad en el caso de cada partido y llama la atención que de este monto resulte incobrable el cincuenta y cinco por ciento, que alcanza la suma de doscientos treinta y tres millones de pesos. Lo anterior en virtud de que cinco partidos políticos sancionados perdieron su registro oficial por no haber obtenido el porcentaje de votación mínima exigido por el Código Federal Electoral.
Ante cifras tan impresionantes, resulta obligado cuestionar sobre el uso y destino que los partidos que desaparecen hayan dado a los recursos públicos con los que fueron habilitados para contender en las elecciones. De hecho no sólo se pierde la posibilidad de cobrar las multas impuestas en los casos de tales partidos, sino que se hace imposible llamar a cuentas a sus representantes y dirigentes.
Por lo que hace a los partidos que conservan su registro, sorprende la actitud que muestran ante el IFE al que acusan de proceder con ánimo de legitimar una integración que hoy cuestionan, lo que resulta injusto porque al fin y al cabo, participaron en ella todas las fuerzas políticas. Lo anterior implica un acto de deslealtad, lo cual sea dicho sin perjuicio del derecho que tienen tales partidos de recurrir legalmente el fallo, al margen de toda descalificación anticipada.
