Es verdad que a ninguna persona o institución le agrada que la autoridad la sancione por haber incurrido en violaciones a la Ley; pero también lo es que si existe inconformidad por el acto de autoridad, el afectado puede recurrir la resolución y demostrar que la que se encuentra fuera de la Ley es aquélla y que por tanto debe cancelarse la sanción que se le haya impuesto por la conducta presuntamente infractora.
Pero lo que no se debe hacer es descalificar el acto de autoridad con argumentos públicos sin mayor sustento que la propia palabra, como lo acaba de hacer la representante ante el IFE del Partido Revolucionario Institucional, senadora Martha Tamayo, quien sostiene que las sanciones que aplicó ese instituto electoral a diversos partidos es una manera indebida de éste mediante la cual quiere sustentar su prestigio y profesionalismo.
Considera además, que el instituto “se sumó a una especie de condena social que existe hoy en contra de las fuerzas políticas”, pero soslaya el hecho de que, en efecto, la sociedad está harta de la forma irresponsable y costosa como se comportan los partidos políticos, pues prácticamente todos rebasaron los topes de campaña a sabiendas de que se podían hacer acreedores a sanciones económicas, pero no a perder sus posiciones electorales.
Vergüenza le debía de dar a la citada legisladora, pues sabe que entre los sancionados hay partidos que ya desaparecieron y que los recursos de los que abusaron no podrán ser reintegrados al erario público. Pero además, sabe también que ninguno de los diputados electos que violaron los topes de campaña será depuesto de su cargo por ese hecho, lo que en sí constituye una burla al pueblo y hace inequitativas las campañas, por lo que se debería legislar para que quien violente la Ley de esa forma pierda automáticamente el cargo.
