EL PAÍS
CISJORDANIA.- Abdel Qarim tiene nombre de califa pero vive como un prisionero. Su pueblo, Azzun Atme, situado en la provincia de Qalquilia -un batustán palestino de 95 mil habitantes- está rodeado por una valla con una sola entrada vigilada que los soldados israelíes abren de seis de la mañana a diez de la noche. Es un segundo muro dentro del muro.
El delito de los dos mil lugareños de esta aldea agricultora del norte de Cisjordania es su vecindad con los tres mil 800 colonos del asentamiento de Zaheri Tikva, una ironía que traducida del hebreo significa La puerta de la esperanza. Parece una urbanización de clase media: construcciones modernas y aseadas de techos rojos, paredes blancas y zonas ajardinadas.
La vivienda de Mahmud Hasan es la última de Azzun Atme. Parece vieja, pero digna. Su huerto finaliza abruptamente en esa alambrada. “Para construirla me quitaron tres metros de tierra y no me han pagado nada en compensación”, asegura. Detrás de esa separación serpentea la carretera de seguridad del asentamiento judío. Los primeros chales tienen 17 años de antigüedad y están a diez pasos, pero en sus ventanas no hay vida. “Conozco a los guardias. Nos saludamos y nada más. Con los vecinos no tengo contacto”, dice Hasan.
Veinticuatro viviendas de Azzun Atme fueron derruidas y sobre otras tantas pende la amenaza de la excavadora. “Son ilegales porque las autoridades israelíes nos niegan cualquier permiso para edificar. Hay que pagar y esperar mucho para lograr esos papeles. En el 80 por ciento de los casos la respuesta es no. Los colonos no tienen ese problema”, dice Qarim.
“Lo que sucede en Qalquilia ocurrirá en toda Cisjordania”, sostiene Bilan Meskan, director general de Finanzas de la gubernatura.
“No sólo es el muro físico que nos cerca, lo grave son las vallas internas que apartan a los campesinos de sus tierras. Los agricultores necesitan una autorización para cultivarlas. Si las tierras están a nombre del padre, los hijos no pueden trabajarlas. Los israelíes dicen que no tienen el derecho. Esto es una política de expulsión”.
En varios de los ejidos sitiados, el Ejército ha abierto puertas metálicas que entreabren 15 minutos al día. Los campesinos tienen miedo de que nos les permitan recolectar la cosecha y por eso han dejado de sembrar. “En Mesha, la casa de Abu Hani está rodeada por una alambrera. Un soldado le abre la puerta para que salga o entre. Nadie puede visitarle; tampoco sus familiares de otros lugares”, dice Meskan.
“El muro no recorre la línea verde (del armisticio de 1967). Si quieren seguridad que lo edifiquen en su lado o sobre esa línea. En Qalquilia se han quedado con las mejores tierras para anexionárselas. Nos robaron 19 acuíferos”, dice Jaled Nazzar. “Ahora quieren construir otro muro, de norte a sur, para partir la provincia y dificultar aún más el movimiento. Quieren que nos vayamos. Pero esto no es 1948; ahora no tenemos adónde ir”. La ONG israelí B”Tselem sostiene que Tulkarem y Qalquilia son ejemplos de anexión de tierras.
En esa zona de Qalquilia, donde el muro zigzaguea de manera intencionada, hay asentamientos. Algunos han quedado en el lado israelí; también varias aldeas árabes, como Ras Atira. Ahora se encuentran en un limbo: sus habitantes dependen de una Autoridad Palestina que no puede prestar servicios y están situadas en un Israel que no reconoce sus derechos.
