EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- Es necesario contar con un sustento jurídico que permita actuar contra fenómenos como la compra y coacción del voto y hacia este aspecto fundamental, va encaminado el proyecto de Reforma Electoral que se está impulsando, refirió la titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República, María de los Ángeles Fromow Rangel.
Durante su visita a Torreón, para presidir la inauguración del XVI Congreso Nacional de Estudios Electorales que se desarrolla en la Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila, Fromow Rangel manifestó que con la experiencia de los últimos procesos electorales que se efectuaron en los Estados de Tamaulipas, Puebla, Sinaloa y Tlaxcala, se está requiriendo a los legisladores para que formulen los criterios jurisprudenciales y se cuente con un campo de acción, a fin de terminar con estas actitudes negativas.
A este respecto, abundó que la Fepade actuó en forma coordinada con las instancias locales, un total de 25 agencias del Ministerio Público del Fuero Común a las que se canalizó la inconformidad de los ciudadanos que denunciaban presuntas anomalías durante el desarrollo de los procesos.
Se recibió un total de 170 llamadas al servicio telefónico de la dependencia, que referían incidentes en las jornadas de elección, en su gran mayoría relacionadas con la compra y coacción de votos, aunque finalmente sólo se inició una averiguación previa en Tamaulipas para que se determinara una posible acción penal.
Refirió que más que judicializar los procesos electorales, se pretende que los ciudadanos tengan la oportunidad de contar con alguna instancia que les pueda auxiliar en el momento en que se registran las irregularidades.
?La autoridad está obligada a darle al ciudadano los elementos para lo que ellos consideren necesario que éstos deban saber, a fin de que se castiguen o sancionen las anomalías o atropellos que se puedan presentar?.
María los Ángeles Fromow afirmó que en México existen los cauces legales para dirimir las controversias, en comparación con años anteriores en los que todavía se registraba la toma de carreteras, de Institutos Electorales y el no reconocimiento de los resultados de una votación.
Sin embargo, hace falta la base jurídica para investigar el origen de la compra y coacción del voto y actuar al respecto, pues las autoridades deben velar por la tranquilidad y la transparencia en los comicios.
De antemano, la Fiscalía trabaja dando orientación a la ciudadanía y se le pide hacer del conocimien-to de las instancias del Fuero Común cuando se registren anomalías de este tipo; además, durante más de tres años se ha trabajado en una campaña intensa para la prevención de los delitos electorales, lo que ha contribuido a incrementar el nivel de confianza en la ciudadanía.
