El secretario Santiago Creel no tiene palabra o no tiene poder. Por alguna de esas circunstancias, notables en un secretario de Gobernación considerado presidenciable, quedó anulado por el juego de los líderes senatoriales que convinieron entre sí la designación, hace tres semanas, de un ministro de la Suprema Corte y el ombudsman federal, con apego sólo a sus intereses y con grave perjuicio para las instituciones involucradas.
El martes pasado rindió protesta para un segundo quinquenio al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el doctor José Luis Soberanes. Una semana atrás había sido recibido en el pleno del tribunal constitucional el nuevo ministro, Sergio Valls. Ambos fueron elegidos por el Senado el 28 de octubre en una sesión que crudamente reveló cómo los arreglos políticos convenencieros quedan por encima de la prestancia de esa cámara y el sano desarrollo de instituciones torales para la vida mexicana como son la Corte y la CNDH.
Ese día de octubre comparecieron ante el Senado los miembros de la terna presentada por el Presidente de la República para ocupar el sitial vacante por la muerte del ministro Humberto Román Palacios. En orden alfabético, hablaron el ex presidente del Tribunal Superior de Zacatecas, Felipe Borrego Estrada —hermano del senador Genaro de los mismos apellidos que con elegancia comunicó a la mesa directiva que se ausentaría de la sesión precisamente por el sesgo derivado de su lazo fraterno—, Bernardo Sepúlveda y Valls. Después de un receso que notoriamente no sirvió para deliberaciones, los senadores fueron llamados a votar en urna, con papeleta. Pudieron haberlo hecho mediante el tablero electrónico si se hubiera convenido en asignar números a los candidatos, en el orden alfabético de su presentación y en otorgar ese número a la votación en pro, en contra o abstención a que responde ese mecanismo. Pero transparentar el voto de cada senador hubiera hecho aún más explícita la simulación en que consistieron las comparecencias. La votación estaba prefabricada. Puesto que la designación del ministro de la Corte requiere dos terceras partes de los miembros presentes, para mayor seguridad el orquestador de la maniobra se trazó la meta de dos terceras partes del total de los senadores. De 128, dos tercios son 85. Ochenta y cinco votos tuvo el elegido, el ahora ministro Valls.
En qué factores basaron los votantes la elección de éste. Qué méritos sobre los dos candidatos restantes le dieron eminencia. Cómo valoraron los senadores la experiencia de los aspirantes, el papel distintivo y enriquecedor de la Corte que aportaría su nuevo integrante. No lo sabemos. No lo sabe nadie, porque ninguna de esas consideraciones, u otras semejantes, se las planteó nadie. Simplemente los senadores recibieron, de quienes podían impartirla, la instrucción de elegir a Valls. Por lo menos una vez antes, el Senado debió reconocer ante el Presidente su incapacidad de elegir a un ministro, porque no se reunió la mayoría requerida. Ahora esa dificultad quedó superada, no en media hora que fue el tiempo transcurrido entre la comparecencia del elegido y su elección, sino en días previos, en condiciones que Enrique Jackson, Diego Fernández de Cevallos y Jesús Ortega no sintieron necesidad de revelar a sus compañeros. Simplemente dispusieron que Valls fuera escogido y que poco más tarde, ese mismo día, José Luis Soberanes fuera ratificado en su cargo de ombudsman por una votación semejante. Ruborosos quizá, cuatro senadores que se avinieron a formar el número requerido para seleccionar al ministro, no hicieron lo mismo en este caso y por eso la confirmación del presidente de la CNDH se logró con 81 votos.
Desde poco después de la muerte del ministro Román Palacios el secretario Creel preguntó a Sepúlveda si aceptaría participar en la terna para sustituirlo. El razonamiento del secretario de Gobernación era tan obvio que cualquiera pudimos formularlo: la vasta experiencia internacional del ex canciller (adquirida no sólo en los seis años de su desempeño como secretario de Relaciones Exteriores, sino antes y después) y su reciente y brillante desempeño como juez ad hoc en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ensamblaban a la perfección con la pertinencia y aun necesidad de incorporar crecientemente al máximo tribunal mexicano a la influencia de los instrumentos internacionales, que también en materia de justicia ha obrado la globalidad.
Creel no se comprometió con Sepúlveda a hacerlo ministro, pues la decisión dependía de los líderes senatoriales, pero sí le hizo saber que su interés en promoverlo hacia la Corte lo llevaría a practicar el legítimo activismo que el Ejecutivo o sus colaboradores deben desplegar ante el Congreso para realizar un propósito de su interés. Hasta lo puso al tanto de que en la terna, aún no presentada al Senado, un consejero de la judicatura sustituiría a otro: Valls en lugar de Jaime Marroquín Zaleta. Pero le confirmó su seguridad, visto el diálogo que uno y otro (Creel y Sepúlveda) habían desarrollado con los jefes del Senado, de que el ex canciller contaba con la preferencia de la mayoría.
Alguien mintió y el resultado fue que Valls, un abogado que hizo carrera en mandos medios de la administración, fue diputado priista y actuó brevemente como juez del fuero común, será ministro de la Corte, un tribunal al que un abogado en activo como Fernández de Cevallos acude ahora y acudirá cuando deje de ser senador.
