EL SIGLO DE DURANGO
DURANGO, DGO.- La presentación del libro “La impunidad de los funcionarios de la Universidad Juárez” revela actividades presuntamente irregulares en el manejo de la administración pública de la Máxima Casa de Estudios, donde se señala a varios funcionarios, a quienes podría fincarse alguna responsabilidad administrativa por manejo de recursos públicos y ser objeto de una denuncia penal, que dentro de los efectos inmediatos podría evitar que Rubén Calderón Luján, actual rector, participara en su reelección, por ser uno de ellos.
Una concurrida asistencia de personalidades se dio cita en conocido hotel de la ciudad de Durango, entre los que destacaron ex funcionarios de la UJED, el ex secretario general, Carlos Silerio; la directora de la Facultad de Medicina, Patricia Herrera, diputados electos, representantes de la iniciativa privada, jueces y magistrados, quienes estaban a la expectativa de la información que ahí se daría y que posteriormente se brindaría en el libro que finalmente obtuvieron los asistentes al final de la exposición.
De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice Enrique Cázares Nieto, quien realizó uno de los comentarios del libro, cualquier institución que maneja recursos públicos puede ser fiscalizada. La UJED, a pesar de que es una institución autónoma, se alimenta de recursos públicos federales, por lo que opinó que sí es asunto del Estado y que es derecho de la población conocer con transparencia el manejo de los fondos financieros que se manejan, pues son sus impuestos los que están trabajando.
Dentro del libro, el autor José de Jesús Quiñones Ruiz, catedrático e investigador de la UJED, indica que la presente información la pondrá a disposición del Consejo Universitario, pues infiere que es su responsabilidad como miembro de este órgano, para que evalúe la información, en donde no sólo se señalan presuntas irregularidades cometidas por quien se desempeñó por mucho tiempo como tesorero, Rubén Calderón Luján, sino también de otros funcionarios como el ex rector Jorge Ramírez Díaz.
Señala José de Jesús Quiñones, sólo en uno de sus apartados, que en 1991, los ex funcionarios en mención inventaron un ajuste de partidas del ejercicio de 1990 en el rubro de “gastos por comprobar” y partidas bancarias no justificadas, lo que afectó en aquel tiempo el patrimonio de la UJED por casi 400 millones de pesos, sin ningún respaldo documental.
Se menciona también la desaparición de otros mil 058 millones en gastos de proyección y representación (prensa), 450 millones en gastos generales, 50 por ciento de gastos de administración por tres mil 166 millones y lo trasladaron al incrementar el saldo ya auditado de previsión social que era de siete mil 775 millones y lo hicieron aparecer por 12 mil 733 millones con una clara intención de aparentar un bajo costo de administración.
Como lo anterior realiza en varios apartados del libro varios señalamientos en las irregularidades financieras, de las que se propone que la UJED, no por ser una entidad autónoma, se exime de informar y de transparentar los recursos.
La autorización de compensaciones a varios funcionarios de la UJED sin respeto alguno a la Ley Orgánica, en donde sigue apareciendo no sólo como participante, sino hasta como beneficiario Rubén Luján, implican a los funcionarios en posibles delitos que podrían tipificarse entre muchos otros, en peculado, por el claro desvío de recursos.
Refiere impunidad a Rector
José de Jesús Quiñones Ruiz, autor del libro “La impunidad de los funcionarios de la Universidad Juárez”, señala que el Programa de Fortalecimiento Institucional (Pifis), que se establece según convenio con la Secretaría de Educación Pública, indica claramente cómo se deben utilizar los recursos de la Federación que deben sujetarse a la Ley Federal de Adquisiciones de Bienes y Servicios o de Obra Pública.
El autor indica: “a mí todavía no me tocan esas licitaciones; sabemos quién ejecuta la obra pública, la obra de la Universidad. Sabemos que él mismo pone los precios y los supervisa, así como la calidad de las obras, esto es una desgracia....”
Pidió así a integrantes de la Junta Directiva que no aprueben la rendición de cuentas por auditoría externa, sino que debe ser el Consejo Universitario (como se hace en otras universidades del país) quien determine al auditor externo, para saber si se realizó una función honesta.
