Sagarpa pretende generar una ?cortina de humo? para ocultar irregularidades durante 2003 en el esquema de comercialización de frijol
No hay elementos para culpar de fraude a la Integradora Estatal de Productores Agropecuarios (IEPA). Se trata de una cortina de humo para ocultar las evidentes anomalías que prevalecieron durante 2003 en el esquema de comercialización de frijol, aseguró en entrevista exclusiva para El Siglo de Durango José Carmen Fernández Padilla.
El ex Presidente de la IEPA de Durango durante el periodo que investiga la PGR (es el proceso de acopio y comercialización 2002), aseveró y mostró actas, así como una docena de pruebas documentales que desmienten la presunción del actual delegado de Sagarpa, Julio de la Mora Razura, respecto de que se desviaron más de 18 millones de pesos entre el año 2002 y principios de 2003.
Fernández, quien dijo haber indagado por su cuenta que un importante senador del Partido Acción Nacional es el propietario de la empresa Almacenes de Mercado, Almer ?encargada del acopio del ciclo 2003 en Durango y otros estados-, advirtió que su hipótesis de que se trata de una ?cortina de humo? implica la necesidad de encubrir el negocio millonario que representará de nuevo el proceso de comercialización del 2004 y 2005 si se contrata a Almer.
Incluso, tras mostrar documentales de la Integradora, copias de estados de cuenta, oficios de Sagarpa, el declarante dejó entrever como elemento de sospecha el hecho de que la denuncia ante la PGR la presentó un despacho jurídico con sede en Guanajuato, por instrucciones del delegado De la Mora Razura, cuando la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación tiene sus propias áreas de defensoría legal.
?Ese despacho de abogados, de entrada, se va a llevar una comisión como de millón o millón y medio de pesos por este caso, pierda o gane el litigio penal la dependencia, según lo que hemos estado investigando?, acotó Fernández.
HISTORIA
Entre enero y marzo del 2004 comenzó la indagatoria que realiza la PGR por el presunto delito de fraude cometido en perjuicio del Gobierno Federal por el orden de 18 millones de pesos, que se utilizaron en Durango para el proceso de acopio y comercialización de frijol del año 2002 mediante un esquema financiero de garantía líquida contratado con Banrural.
Carmelo Fernández proporcionó a El Siglo de Durango la copia del acta de la décima octava sesión del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Estatal de Apoyo a la Comercialización del Frijol en el Estado de Durango (Feafrid), en la que se da por enterado el Comité de que Miguel Ángel Zúñiga Chávez será el responsable del manejo de las operaciones relacionadas con la comercialización del frijol en el ciclo 2002.
?Miguel Ángel Zúñiga es la persona que el señor secretario de Agricultura, don Javier Usabiaga Arroyo, envía como asesor, de conformidad al acuerdo que llegó con el gobernador del estado, Ángel Sergio Guerrero Mier, en días pasados en la Ciudad de México, quien será el responsable del manejo de las operaciones de comercialización de frijol en el presente ciclo...?, se lee en la hoja cuatro del escrito.
Enseguida, en el documento se localiza el cierre del acta y las firmas de Fernando Ulises Adame de León, entonces secretario de Agricultura del estado, como presidente del Comité del Feafrid; Pedro Silerio García, presidente suplente; Marco Antonio Ramírez Torres, secretario suplente; Antenor Torrontegui, titular de Sagarpa; José Valenzuela Meraz, suplente de la Secretaría de Finanzas; Rodrigo Retana Soto, también de Sagarpa; Luis Vaquera García, representante de la IEPA; Rogelio Rodríguez, suplente de Sagarpa, y Juan Gabriel Saucedo Molina, de los pequeños propietarios.
José Carmen Fernández Padilla mostró este escrito de octubre del 2002 para aclarar que los problemas relacionados con traspasos financieros, distribuciones de recursos y las trabas relacionadas con el presupuesto para acopio y comercialización de frijol, se debieron a que la Sagarpa intervino y modificó el esquema local a través de Miguel Ángel Zúñiga, quien tomó las decisiones importantes y decretó esquemas de compra y venta.
RECURSOS
Respecto de la denuncia que interpuso en la PGR Julio de la Mora, delegado actual de Sagarpa en Durango, el ex representante de la Integradora aclaró que ante la fiscalía especial que investiga el caso se han aportado todas las pruebas documentales que confirman el destino que tuvieron los recursos en controversia (18 millones de pesos), los que se utilizaron como garantía líquida para poder acceder a una línea de crédito hasta por 45 millones de pesos en el extinto Banrural.
Carmelo explicó con documentos en mano cuáles fueron las operaciones que se hicieron con tales recursos, mismos que hasta las 9:13 horas del 26 de marzo del 2003 estuvieron en la cuenta 65-50127869-3, de Santander Serfin, a nombre de la IEPA, y que se transfirieron minutos más tarde a la cuenta 05801003092 que el Feafrid aperturó con el Banrural (hoy Financiera Rural).
?Para que quede claro, debo señalarte que en el Comité del Feafrid había entre 12 y 15 integrantes, y al ingresar a una cuenta de dicho Comité Técnico es prácticamente imposible que se hayan desviado recursos, que se hayan limpiado las cuentas bancarias sin el aval de los integrantes del mismo?, puntualizó.
Incluso, dijo, los procedimientos bancarios se realizaron por instrucciones que decretó la Delegación de Sagarpa el 18 de marzo del 2003 a las 9:54 de la mañana, pues a través de un fax la dependencia federal pidió que la IEPA elaborara un desglose del depósito de 18 millones de pesos que se le haría al Banrural.
Así lo hizo la Integradora por órdenes de la Sagarpa, con una tabla pormenorizada del desglose que pidió la dependencia federal, y una explicación más detallada del objetivo que cada partida de recursos tenía, y que en total sumaban 18 millones de pesos.
Un nuevo estado de cuenta que expidió Santander Serfin el 10 de julio del 2003 a las 14:15 horas a la cuenta de la Integradora Estatal de Productores Agropecuarios revela que desde el 26 de marzo no hubo ningún otro movimiento bancario que el traspaso de los 18 millones de pesos hacia la cuenta de Banrural.
Almer
Para continuar su conjetura acerca de que los elementos que hay alrededor de la investigación de la PGR constituyen una ?cortina de humo?, el aclarante Fernández Padilla indicó que ?el mundo del frijol lo controlan menos de diez personas en el país, y no se descarta que las extrañas operaciones comerciales de miles de toneladas respaldadas con recursos federales tengan más anomalías de fondo?.
Desde la óptica de José Carmen Fernández, la empresa Almer (Almacenes de Mercado) está haciendo un negocio redondo al asumir el control del acopio y la comercialización sin siquiera haber entrado a un concurso o licitación, sin conocerse el nombre de su o sus propietarios, y al hacer compras a precio relativamente atractivo para los campesinos, pero estar vendiendo con pérdidas de hasta 2.30 pesos por kilo de frijol, con el claro propósito de tener pérdidas millonarias que respalde el Gobierno Federal.
Reconoció que para este año no se ha definido si entrará de nuevo, como en el 2003, la operatividad de Almer.
Sin embargo, apuntó que hasta ahora la empresa sigue cobrando 18 millones de pesos mensuales a la financiera federal Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), por el almacenamiento de las 70 mil toneladas de frijol que no se han podido vender del ciclo anterior de acopio en Durango.
Almer compró en el ciclo 2003 a entre 4.50 y 5.50 pesos por kilogramo de frijol a los productores, mientras que lo está ofreciendo a entre 3.00 y 3.50 pesos por kilo, según la investigación de la Integradora Estatal.
?Eso implica que traen una pérdida de 2.30 pesos por cada kilo, y esa merma, multiplicada por las 70 mil hectáreas, te da un total de más de 140 millones de pesos de pérdida. ¿Quién absorberá esa pérdida? Pues Aserca, organismo del Gobierno Federal. A eso le sumas el costo de almacenaje que es de 18 millones de pesos al mes, y los costos financieros. Sí es negocio, ¿no??, explicó.
COSTOS
Rechazan especulación de precios
La propuesta de la Integradora Estatal de Productores Agropecuarios de Durango consiste en no especular con precios altos como lo hizo incluso en el ciclo 2002 el interventor que envió Sagarpa a Durango, Miguel Zúñiga.
· Que se acopie el grano a un precio objetivo de 3.50 pesos por kilo, ya que es el que está vigente en el mercado y el que garantiza que no tendrán pérdida los acopiadores, pues esa pérdida la asumiría el Gobierno nuevamente.
· Que se apoye con 1.50 pesos adicionales por kilo a cada productor, como un especie de subsidio, de manera que a éste le llegue íntegra y directamente el beneficio, en vez de que lo acaparen otras intermediarias.
· Si entre organizaciones campesinas y compradores se acopian 100 mil toneladas en este ciclo que inicia, el Gobierno Federal gastaría 150 millones de pesos en el subsidio de 1.50 pesos por kilo.
· Sin embargo, en este momento por 100 mil toneladas el planteamiento y el esquema de Almer representa un gasto de 35 millones de pesos por mes, aparte del riesgo de las pérdidas.
· El problema del ?coyotaje?, en el 2003, no se pudo evitar, al grado que se presume que buena parte de la producción regional de frijol se encuentra en Tlaxcala. No se sabe con quién o por qué.
· En el ciclo 2003 los ?coyotes? se disfrazaron de analistas del esquema de Almer, y cobraron hasta cuatro mil pesos por productor para que pudiera recibir ?el beneficio? de vender a esta empresa su producción.
· Hay tiempo de ver el problema y tratar de resolverlo mediante un esquema menos riesgoso.
· La investigación del 2002 deberá seguir su curso. Pero el avance tiene que implicar que se deslinden responsabilidades en forma pública si es que hay elementos para ello.
FUENTE: Análisis hecho por el ex presidente del Consejo de Administración de la IEPA, José Carmen Fernández Padilla.
