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México, DF.- El reparto de despensas en estados y municipios del país disminuirá de forma paulatina para evitar que se distribuyan con fines político-electorales, informó la directora general del Sistema Nacional DIF, Ana Teresa Aranda Orozco.
En entrevista, en el marco de la XXIII Reunión Nacional de Directores Generales del DIF, explicó que en este año se hará de forma obligatoria una disminución de hasta 20 por ciento de los insumos que se compraban para integrar las despensas y en cambio se reforzarán los programas de desayunos escolares y cocinas populares.
De esta manera, los 600 millones que se destinan a la compra de despensas se utilizarán -por parte de estados y municipios- para fortalecer los citados programas y garantizar que las clases más vulnerables recibirán los alimentos y no se traficará con ellos.
Precisó que actualmente se distribuyen cuatro millones 200 mil despensas a nivel nacional, sin embargo consideró que este programa ni acaba con el hambre ni combate la pobreza, además de que es fundamentalmente paternalista por lo que debe desaparecer lo más pronto que se pueda.
Sobre todo, aseveró, para quitarle tentaciones a los estados y municipios pero principalmente a algunos operadores que en particular se quieren “pasar de listos” y “quieren comprar votos a cambio de curar el hambre de un día”.
Por otra parte, Aranda Orozco anunció que en lo que resta de esta administración se buscará la descentralización de los programas de rehabilitación y educación especial, pues ha quedado concluido el plan de descentralización del Programa de Desarrollo Comunitario.
Ahora, dijo, tocará el turno al ámbito de la discapacidad ya que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) aún opera 80 por ciento de las áreas de tercer nivel.
Estableció que para lograr esta meta se requiere el apoyo de otras dependencias pues el proceso de descentralización no será sencillo por lo que la transición deberá ser pactada con estados y municipios.
Aclaró que el DIF nacional mantendrá la rectoría y normas de operación de los programas pero los 150 millones de pesos que se destinan a esta área serán trasladados a los gobiernos locales para incrementar la labor a favor de la discapacidad lo cual se sumará al impulso que se da a los programas en estos ámbitos de gobierno con recursos propios.
Así, añadió, los tres niveles de Gobierno harán lo que les corresponde y tendrán autoridad y recursos para cumplir con este propósito federalista.
Recordó que el DIF nacional cuenta con 28 centros de rehabilitación de tercer nivel y de ellos 24 aún permanecen centralizados, esto es 80 por ciento; en tanto se atiende anualmente a un millón 800 mil personas con discapacidad a través de toda la red de centros de rehabilitación y educación especial.
En virtud de lo anterior, confió que al finalizar el sexenio, toda persona con alguna discapacidad cuente con un espacio cercano a su hogar donde pueda tener sus primeras sesiones de terapia y su primer apoyo para salir adelante sin dificultad.
Detalló que al iniciar el sexenio había 466 unidades básicas para atender la discapacidad y hoy casi se han triplicado al ascender a 850, que cuentan con infraestructura instalada y otorgan cada año 30 millones de terapias a quienes lo solicitan.