Estos hallazgos confirman que Fujimori recibía dinero de su ex asesor Vladimiro Montesinos y de otras fuentes ilícitas
02 de octubre de 2004
Lima, (EFE).- El ex presidente de Perú Alberto Fujimori tiene 919 millones de soles (274 millones de dólares) sin justificar en su patrimonio particular, que incluye cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles, según un informe pericial oficial difundido hoy por los medios peruanos.
El informe del patrimonio de Fujimori, que permanece en Japón desde noviembre de 2000, ha sido entregado al Vocal Supremo Instructor, José Luis Lecaros.
El documento forma parte del proceso que se le sigue a Fujimori por presuntamente haberse apropiado de las donaciones que Japón enviaba a Perú durante su gobierno (1990-2000), mediante un organismo no gubernamental que manejaban sus familiares.
El expediente fue entregado tras un año de investigaciones de las cuentas bancarias y propiedades del ex gobernante, quien es procesado por Lecaros por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y asociación ilícita para delinquir.
El ex procurador anticorrupción peruano José Ugaz comentó hoy que estos hallazgos confirman que Fujimori recibía dinero de su ex asesor Vladimiro Montesinos y de otras fuentes ilícitas, como "comisiones" por privatizaciones, compras del Estado y otras donaciones del exterior.
Fujimori renunció a la presidencia peruana vía fax en noviembre de 2000 después de que se descubriera una gigantesca red de corrupción montada por Montesinos, preso en una cárcel militar de Lima.
El ex presidente, que se considera un perseguido político, tiene pendiente la respuesta de un pedido de extradición a Perú por delitos de lesa humanidad.
Fujimori, que siempre ha dicho que poseía sólo una casa en Lima (en copropiedad con su ex esposa Susana Higuchi) y un terreno en las afueras de la capital, aseguró en su momento que cobraba 2.000 soles (597 dólares) mensuales cuando fue presidente del país andino.
El ex presidente asegura que en Japón vive gracias a "amigos" que lo aprecian por su victoria en la lucha contra el terrorismo y el exitoso rescate de los rehenes de la residencia del embajador japonés en Lima, en 1997.
El ex gobernante, que se considera un perseguido político, está pendiente de la respuesta de Tokio a un pedido de extradición por parte de Perú por delitos de lesa humanidad.
