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MÉXICO, DF.- La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a las autoridades judiciales del estado de Chihuahua iniciar una investigación penal y administrativa en contra de 81 servidores públicos que tuvieron a su cargo los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante las graves deficiencias en la integración de los expedientes.
Al rendir su primer informe de labores en el Salón “Adolfo López Mateos” de Los Pinos, María López Urbina, fiscal especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, expuso que de la revisión de 50 casos, en 29 de ellos se encontraron serias anomalías, que impedirán incluso esclarecer algunos crímenes ante la pérdida de evidencia.
Hasta el momento, de los 81 probables responsables la Secretaría de la Función Pública (SFP) sólo ha detectado que seis de ellos siguen en funciones en la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua; al respecto, el gobernador del estado, Patricio Martínez, garantizó que se actuará contra los servidores públicos sin importar de quiénes se trate, ante su actuación negligente e irresponsable.
Aunque Ignacio Álvarez Ledesma, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, aceptó que ante las lagunas del Código Penal de Chihuahua sólo se puede proceder penalmente por el delito de abuso de autoridad; que tiene una penalidad de ocho años de prisión, pero no es considerado grave, por lo que podrían obtener su libertad bajo fianza.
La fiscal especial reveló en su informe que al revisar 50 casos integrados de 1993 al año 2001, que fueron remitidos a la PGR de un total de 271, “se encontraron graves deficiencias en su informe y en el manejo de la investigación misma, es decir, inactividad notoria y negligencia de los Ministerios Públicos y peritos, lo que conduce a la pérdida de evidencia al no proteger adecuadamente la escena del crimen”.
Detalló que los dictámenes periciales, en su mayoría, adolecen de graves problemas de validez y confiabilidad, además de que en dichos expedientes no existe un seguimiento adecuado del Ministerio Público sobre la actividad de la Policía Judicial; tampoco se establecieron medidas para tener éxito en las investigaciones, pues incluso se dejó de interrogar a testigos fundamentales para el esclarecimiento de los hechos, “negligencias que harán difícil la ubicación de los responsables de los homicidios y de su respectiva sanción”.
Por ello, la PGR solicitó proceder contra los 81 servidores públicos: siete fiscales, 20 Ministerios Públicos, diez subagentes ministeriales, 24 elementos de la Policía Judicial estatal, 17 peritos, un subjefe de oficina de Averiguaciones Previas y dos jefes de oficina y Procesos Conciliatorios.
Durante el evento “Informes sobre las Mujeres en Ciudad Juárez”, el presidente Vicente Fox anunció que dotará con un presupuesto adicional de 14 millones de pesos para este año y el siguiente a la Comisión para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, que encabeza Guadalupe Morfín Otero, quien también rindió un informe.
El Mandatario indicó que el reto es que la frase “Ni una muerta más” sea ya una realidad, ante un fenómeno que ha hallado una condena unánime, donde diversos sectores de la sociedad “han coincidido en la necesidad de poner un ¡Hasta aquí! a la violencia”.
Hizo un llamado a la conciencia de todos los mexicanos, ante cifras que revelan que 47 de cada 100 mexicanas han experimentado algún tipo de violencia por sus parejas; “poco más de la mitad de la población debe enfrentar una cultura machista que propicia la violencia contra las mujeres, quienes independientemente de edad o grado de preparación, son víctimas de hábitos e inercias que ni la ley ni la razón pueden justificar”, apuntó.
“Lamentablemente, la violencia contra las mujeres no sólo está en las calles de Ciudad Juárez, sino que se encuentra en buena parte de los hogares de nuestro país”, señaló el Mandatario.
El Presidente indicó que aunque “nada de lo que hagamos devolverá la vida a las víctimas de la violencia y la injusticia en Ciudad Juárez, debemos esforzarnos para que la fuerza bruta y el maltrato dejen de ser comunes en nuestras casas”.
Después de reconocer el trabajo de la fiscal especial y de la comisionada dijo: “Sentimos un compromiso con las muertas de Juárez, cuya memoria nos obliga a empeñarnos para impedir que el cáncer de la impunidad domine a la sociedad de Ciudad Juárez”.
Por ello, Fox indicó que a pesar de las restricciones presupuestales determinadas por el Poder Legislativo, la fiscalía especial y la oficina de la comisionada han sido dotadas de los recursos necesarios ya que “es preciso encontrar a los culpables, trátese de quien se trate, para aplicarles el peso de la Ley”.
