“Por el conocimiento, los justos serán liberados”.
Proverbios (11:9)
El fantasma de René Bejarano no ha desaparecido de la compleja vida política de la ciudad de México. De hecho hoy se consolidará uno de los trabajos más importantes que Andrés Manuel López Obrador le encargó en su momento a Bejarano: crear un Consejo de Información Pública de apariencia independiente pero supeditado al Gobierno del Distrito Federal.
Efectivamente hoy Gustavo Velázquez, presidente del Consejo de Información Pública del Distrito Federal, someterá para su aprobación un proyecto de reglamento interno, un plan de trabajo y propuestas de funcionarios para la institución. Con esto empezará a operar formalmente el organismo después de la larga batalla política que ha precedido su creación. El paquete de medidas que está proponiendo Velázquez le dará un control virtualmente absoluto a él y a un secretario ejecutivo -que él mismo nombrará y que no está considerado en la Ley actual— sobre el funcionamiento del Consejo. Los votos para obtener la aprobación del reglamento interno están asegurados. La Ley de Transparencia del Distrito Federal se elaboró de tal forma que las propuestas oficiales se aprobarán de manera automática.
El Consejo de Información Pública debería ser, en contraste, una institución independiente del Gobierno de la capital. El propósito era construir algo similar al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), que tiene autonomía frente al Gobierno de la República.
Las razones son obvias. El propósito del Consejo es supervisar la apertura informativa del Gobierno del Distrito Federal. En caso de conflicto, debe tener la capacidad de obligar al Gobierno a aceptar el escrutinio de la sociedad. Pero para eso se necesita que sus integrantes tengan el valor y la autonomía para dar la batalla en contra del interés natural del Gobierno que es ocultar la información.
En lugar de eso López Obrador, con el apoyo de Bejarano, maniobró a la Asamblea Legislativa —en la cual su partido, el PRD, tiene mayoría absoluta— para crear un Consejo dominado por el propio Gobierno al que debe supervisar. Así, el Consejo que finalmente se ha establecido consta de tres miembros del Gobierno de la capital designados por el propio Andrés Manuel, cuatro diputados de la Asamblea Legislativa, tres integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y un representante de cada uno de los órganos autónomos de la capital.
Incluso la Junta de Conciliación y Arbitraje tiene un representante ante el Consejo de Información Pública. Los representantes de López Obrador son el propio secretario de Gobierno Alejandro Encinas, el oficial mayor Octavio Romero y la contralora Berta Luján. Esta última tiene, de hecho, un asiento adicional en el Consejo, ya que se le permitió designar a un ex empleado, Gustavo Velázquez, como presidente de la institución.
El contrapeso de estos 16 representantes de la estructura gubernamental del Distrito Federal son solamente dos consejeras ciudadanas independientes, María Elena Pérez Jaén y Odette Rivas, quienes se han enfrentado con gran valor a las presiones en su contra. Leoncio Lara, quien fue uno de los tres consejeros ciudadanos independientes nombrados originalmente por la Asamblea Legislativa —antes de que ésta tuviera mayoría absoluta del PRD— y que de hecho ocupaba la presidencia del Consejo ahora asumida por Velázquez, se vio obligado a renunciar en septiembre de 2003.
Si, como se espera, este abigarrado Consejo de Información Pública aprueba hoy el paquete de propuestas de Velázquez, se habrá consumado la encomienda que Andrés Manuel le hizo a Bejarano en materia de apertura informativa cuando éste se convirtió en presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el pasado mes de septiembre. La idea era tener un Consejo de Información que genere la impresión de que la ciudad de México está transitando en el camino de la transparencia, pero que no sea tan independiente que pueda obligar al Gobierno a revelar información incómoda.
Los perdedores seremos, como siempre, los ciudadanos. A nosotros se nos seguirá negando el derecho de saber realmente cómo utiliza el Gobierno nuestros recursos y cómo ejerce el poder.
Cuba
Jorge Castañeda me llama para cuestionar mi artículo “Doctrina Estrada”. Señala que Cuba es miembro de la Comisión de Derechos Humanos y vota para condenar a otros países; México también lo ha hecho en casos como la dictadura de Pinochet en Chile. “Lo único que ha cambiado -me dice- es nuestra posición sobre Cuba”. Quizá. Pero eso no hace coherente nuestro voto. Por razones políticas no hemos condenado a China por violaciones a los Derechos Humanos ni a Estados Unidos por los presos que mantiene sin proceso en Guantánamo.
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