Segunda y última parte
Provoca risa que el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Emilio Chuayffet, el mismo que en 1997 intentó dar un golpe al parlamento desde la Secretaría de Gobernación, denuncie el Estado de sitio que le impusieron.
Una palabra de él condenando el hecho, antes y no después de la ceremonia, no se recuerda. Provoca risa que del Informe sólo prevalezca una sola palabra, la palabra “tregua” que, curiosamente, no venía en el script original. Como quien dice, de nuevo una ocurrencia hizo el discurso. Desde siempre, el Mandatario sabía de su comparecencia y lejos de actuar previamente a favor de la distensión política, jugó a animar la confrontación. Provoca risa el discurso de Manlio Fabio Beltrones llamando a encontrar el cauce civilizado para dirimir las diferencias, cuando en su partido es más que evidente la guerra civil en la que se inserta. Provoca risa la actuación de los diputados perredistas haciendo de la burla y la chunga, la mejor defensa de su precandidato presidencial.
Suenan a burla los conceptos de pluralidad, diálogo, tregua, consenso, acuerdo, pronunciados desde la Más Alta Tribuna de la Nación, cuando de ella se ha hecho una piedra de los sacrificios o el gimnasio de la sordidez política. Suena a burla echar mano de esos conceptos cuando la élite política lleva meses empeñada en judicializar la política y ahora se empeña en politizar a la justicia. La puesta en escena dentro y fuera de San Lázaro constituyó el escenario donde la clase política quiere desenvolverse: por un lado, manteniendo a raya a la ciudadanía y desoyendo sus reclamos; por el otro, privatizando su pleito como si el poder fuera su patrimonio exclusivo. Vamos, ya ni les preocupa la impudicia de exhibir el pleito miserable que protagonizan, ya no les preocupa hablar del valor de la democracia mientras anteponen barricadas, toletes y escudos al reclamo ciudadano.
*** Desde luego, podría celebrarse que las cifras macroeconómicas del Informe aún no reporten el natural deterioro que sufrirán aquéllas si sigue el pleito por el poder, en los términos establecidos. Pero es claro que, tarde que temprano, la política terminará por colapsar a los indicadores económicos que, por lo demás, no acaban de traducirse en beneficios en el trabajo, la casa y el bolsillo.
Si ya de por sí el país se encuentra socialmente polarizado, dividido entre pobres y ricos, agregarle la polarización política tendrá naturalmente que impactar a la economía. La división nacional a la que le está apostando la élite política es, en verdad, todo un peligro. Cada vez queda más claro que la disputa electoral por el poder prevista para 2006, la están convirtiendo y anticipando en una disputa política fuera de las urnas, haciendo del ministerio público su dios. Desde esa perspectiva, por más que los actores políticos juren estar en contra del ejercicio de la represión, como si la aplicación de ésta fuera un asunto sujeto a su sola decisión, deberían tomar nota de algo innegable: están echando mano cada vez más de las fuerzas represivas y renunciando cada vez más a la política.
El detalle de esa circunstancia es que, por lo general, el uso de la fuerza represiva lo dispara no una decisión tomada sabia y serenamente desde algún despacho. No, no es así. Esas decisiones a veces ni se toman, las dispara algún incidente de poca monta que constituye la mecha de un conflicto mucho mayor. Y entonces, los credos democráticos se desfondan, se pierden en un marasmo de accidentes políticos que terminan por trasladar la confrontación al plano de los toletes y los escudos. El ejemplo más evidente de eso se dio la tarde del miércoles pasado.
Sin querer, los poderes Ejecutivo y Legislativo estuvieron de acuerdo en establecer un Estado de sitio y un toque de queda por unas cuantas horas, apenas por el tiempo que les tomaría cumplir con un protocolo y una ceremonia cada vez más inútil que puso en evidencia su incompetencia política. El problema de aceptar como si nada ese tipo de ejercicios es que, en el fondo, significaría autorizar los ensayos de un escenario violento donde las palabras transición, democracia, Estado de Derecho podrían terminar por arrojarse al cesto de la basura. Eso, el país no lo merece. La legalidad, la transparencia, la credibilidad en el voto le resultaron muy caras al país, llegaron a significar pérdidas de vida. Resulta inaceptable que, en medio de hermosos discursos sin contenido, en un descuido se sacrificara algo tan caro como la democracia.
