Verde, muy verde se ve la política. Inmadura y, por lo mismo, dejando ver el peligro de provocar muy serios daños a instituciones centrales en la consolidación de la democracia mexicana. A lo largo de estos últimos días, el escándalo, la desmesura y la actuación política de más de un protagonista han puesto en evidencia la debilidad y la fragilidad de aquellas instituciones -como la Presidencia de la República, el Instituto Federal Electoral y órganos de seguridad nacional- que, lastimadas, podrían provocar una crisis institucional de mucha hondura.
Si el Presidente de la República no toma cabal conciencia de la circunstancia por la cual atraviesa, si el Instituto Federal Electoral no rectifica su actuación frente al Partido Verde Ecologista y no hay un mínimo de unidad política para encarar lo que puede significar la captura de Miguel Nazar, nada aventurado resulta decir que la oportunidad democrática del país se desvanece y puede, incluso, revertirse. Llegado el caso, eso no podrá arreglarse con el socorrido recurso de la “autovictimización” que la clase política ha adoptado como el mejor argumento para salir de las tormentas.
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Aun cuando el vendaval político desatado por la desmedida ambición de Marta Sahagún ha amainado ligeramente, lo importante sigue sin atenderse: la débil situación en la que queda la Presidencia de la República. Perdida la capacidad de asombro, a nadie ya sorprende que Vicente Fox viva una extrema soledad política. No cuenta con un partido que lo respalde, no cuenta con un verdadero gabinete y menos con un equipo de trabajo, no cuenta ni siquiera con unidad dentro del equipo “Pinos”, no cuenta con buenas relaciones con el Poder Legislativo, no cuenta ya con el carisma mediático que mucho lo ayudó y, por si todo eso fuera poco, la base popular donde amparaba su actuación ya no tiene la consistencia de antes. Esa soledad en la que desde hace tiempo habita el Mandatario se ve agravada por el efecto que sobre una institución, como lo es el Estado Mayor Presidencial, provocó el incontenible protagonismo de su esposa. Que la actuación de Marta Sahagún borrara al Mandatario, provocara enredos dentro de su partido, complicara a Vamos México o alterara la agenda política era lo de menos, frente al problema en que metió y está metiendo al Estado Mayor Presidencial.
Ese órgano de seguridad se vio seriamente lastimado hace diez años a causa del homicidio de Luis Donaldo Colosio y meterlo, ahora, a cuidar de la seguridad de la esposa del Mandatario, cuando ésta camina por una delgada línea del activismo oficial y el proselitismo político, mete en problemas a una institución mayor. Una institución que más de una vez ha experimentado lo que deja el mal uso y el abuso del poder por parte de la familia presidencial y lo que deja asumir responsabilidades que rebasan con mucho el ámbito de sus naturales funciones. Si, desde hace años, el presidencialismo mexicano no ha logrado redimensionar su rol y a causa de ello se debilita y en medio de una terrible soledad política, el presidente Vicente Fox debería cuidar en extremo aquellas instituciones que todavía le dan soporte.
Involucrar al Estado Mayor Presidencial en acciones y funciones vinculadas con ambiciones políticas de un miembro de la familia presidencial puede agrandar la soledad del jefe del Ejecutivo. Que la institución presidencial se debilite porque los distintos factores y actores de poder no han podido redefinir su rol es un problema grave que se tendrá que resolver, pero que está debilitado por un juego de ambiciones y pasiones personales es en extremo delicado. Si bien es responsabilidad del Estado Mayor Presidencial la seguridad del jefe del Ejecutivo, no estaría de más que el Mandatario también cuidara esa institución.
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Sin que esté todavía marcado por escándalo, los consejeros del Instituto Federal Electoral deberían cuidar también su propia institución. El curso y la atención que ese órgano ha dado a la resolución dictada por el tribunal electoral en relación con el Partido Verde Ecologista de México puede, en vez de recuperar el prestigio de esa institución, terminar por vulnerarlo. Si el procedimiento de selección del nuevo consejo del instituto electoral debilitó a ese órgano, los consejeros deberían actuar con extremo cuidado y, por lo pronto, en el primer caso de verdadera importancia -como lo es asegurar el carácter democrático de los estatutos del Partido Verde- que encaran, están procediendo de una manera criticable.
Ciertamente no todos ellos han actuado de ese modo, pero sí su mayoría, incluido en ella el mismo presidente del consejo, Luis Carlos Ugalde. La resolución dictada hacia finales del año pasado por el tribunal dejó muy claro el seguimiento puntual que el IFE debería dar a la reposición de los estatutos del Partido Verde y sin que esté acreditado ese seguimiento, en términos generales, el consejo aprobó los nuevos documentos haciendo observaciones que los verdes deberán satisfacer.
No hubo desde luego transparencia alguna en la elaboración, discusión y aprobación de esos estatutos por parte del Partido Verde y, si bien eso podría no constituir un hecho grave, sí lo es que el consejero encargado de dictaminar el carácter democrático de esos documentos haya trabajado, años atrás (1994-1995), para el hoy dirigente de esa formación política.
El consejo del IFE debería tomar una decidida acción frente a su compañero. Marco Antonio Gómez Alcántar los engañó, como engañó a los diputados y como engañó a la opinión pública al ocultar ese dato de su currículum. Y volvió a engañar al no excusarse como presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de dictaminar ese controvertido expediente. Si un valor tenía que cuidar el IFE era el de la credibilidad y, justamente, ese valor es el que Gómez Alcántar vulnera.
Que el consejero Gómez Alcántar incurra en esa práctica falta de ética es delicado, pero más lo es que el consejo en su conjunto no resuelva rectificarla. Ahí se pone en juego a la institución y es claro que, por el carácter de la resolución del tribunal, los disidentes cuestionarán el proceder del instituto. Desde ahora, se puede pronosticar que los nuevos estatutos del Partido Verde darán mucho de qué hablar sobre el instituto, como del litigio que esa franquicia va a provocar entre el resto de los partidos políticos. En ese asunto, se ve otra institución en riesgo de verse lastimada.
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La detención de Miguel Nazar, el ex director de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, es, en rigor, la primera acción de fondo que se toma frente a un pasado que, a veces sí y a veces no, el Gobierno foxista quiere abrir. Se trata apenas de un primer paso, cuyo desenlace está por verse. Pero si no existe un acuerdo básico entre las distintas fuerzas políticas para indagar aquel negro capítulo de la historia nacional, la falta de unidad, la falta de una postura compartida por los distintos actores políticos, esa primera acción puede provocar un problema mayor al que se quiere solucionar.
La expresión misma de Nazar ante sus captores –“mejor mátenme”- advierte que entre gente y ex funcionarios de su calaña prevalece una forma de conducirse: el derecho y la ley les estorban, insisten en poner en práctica los recursos que aplicaron a sus víctimas. No es menor el detalle, si no hay un mínimo de unidad para abrir ese pasado, ese pasado puede convertirse en un presente y, entonces, en vez de enterrar bien ese pasado se podría resucitar. No deja de ser curioso que, frente a la captura de un presunto hombre encargado de desaparecer activistas, ni el secretario de Gobernación ni el presidente Vicente Fox digan nada.
Ese silencio frente a lo que fue una bandera política hace pensar que quizá la detención no respondió a una manifiesta voluntad política sino a una acción policiaca no prevista.
Nomás falta que esa captura tenga el tratamiento que, en su origen, tuvo ese capítulo negro de nuestra historia: un asunto policiaco de barandilla y no un asunto político de extrema importancia para la democracia y el Estado de Derecho.
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En medio de esas acciones y omisiones de la clase política que lastiman a instituciones fundamentales en la consolidación de la democracia, se avecina el décimo aniversario del homicidio de Luis Donaldo Colosio. En la primera expresión de ese aniversario luctuoso, los directa e indirectamente involucrados en la creación de la atmósfera que favoreció el homicidio echan mano de un recurso que es ya práctica constante en los actores. Resbalar las responsabilidades y ampararse en la autovictimización. Aun cuando Luis Donaldo Colosio es el único muerto, Carlos Salinas y Manuel Camacho se declaran víctimas del homicidio. El mismo PRI, que tantas bolas se hacía como se hace, también se declara víctima.
Pero, por lo visto, de víctimas se constituye la clase política. Víctima de la derecha se declara Andrés Manuel López Obrador ante el menor asomo de una crítica. Víctima del machismo y de la envidia se declara Marta Sahagún. Víctima del canibalismo declara a su esposa el Presidente de la República. Víctima del crecimiento del número de diputados perredistas se declara Rosario Robles. Víctima de la invasión del rancho de la familia presidencial se declara Santiago Creel. Víctima de un procedimiento del que no son responsables se declaran los consejeros electorales. Víctima de una revancha se declara Miguel Nazar. A la conclusión a la que se llega frente al cuadro es que, en México, hay más víctimas que responsables políticos. Lo curioso es que esas víctimas estén dispuestas a victimar a las instituciones.
