17 de marzo de 2004.
México, (Notimex).- La Cámara de Diputados recibió esta tarde la solicitud de desafuero contra el ex líder de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), René Bejarano Martínez, por parte de la Procuraduría General de Justicia capitalina.
Fabián Medina, coordinador de asesores de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), entregó el expediente correspondiente alrededor de las 14:40 horas, acompañado de una copia de la averiguación previa, 10 videocasetes y recortes de periódicos que involucran a Bejarano en varios delitos.
El Fiscal para Asuntos Especiales de la PGJDF, Juan Guillermo Ramos Espinoza, informó que tres de los videocasetes son conocidos por la opinión pública y siete son inéditos, pero también involucran a Bejarano en los delitos por los que se le acusa a raíz de haber recibido dinero del empresario Carlos Ahumada. En rueda de prensa después de hacer la solicitud formal para quitar el fuero constitucional al legislador local del PRD con licencia, indicó que los delitos por los que se le acusa son cohecho, operación con recursos de procedencia ilícita -lavado de dinero-, violaciones en materia electoral y promoción de conductas ilícitas.
El artículo 111 de la Constitución Política mexicana establece que para proceder penalmente contra legisladores u otros representantes populares por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por la mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si hay lugar o no para actuar contra el inculpado, previo análisis y dictamen.
En entrevista, el presidente de la Comisión Jurisdiccional, Federico Barbosa Gutiérrez, explicó que una vez recibida la solicitud, la secretaría debe turnarla a la Junta de Coordinación Política, a efecto de que ordene la conformación del grupo de trabajo que la analizará.
"Los integrantes de la Sección Instructora se seleccionan entre los miembros de la Comisión Jurisdiccional, bajo el criterio de pluralidad y representatividad de los partidos políticos", añadió.
El legislador del PRI dijo que este grupo debe analizar si los elementos aportados por el Ministerio Público acreditan el delito, la probable responsabilidad imputada al inculpado y la existencia o subsistencia del fuero.
Expuso que el tiempo previsto para resolver si procede o no el desafuero, en un procedimiento normal ordinario, es de 60 días hábiles, aunque el plazo se puede ampliar si el desahogo de pruebas así lo requiere.
El fiscal especial explicó que en caso de que se le compruebe a Bejarano Martínez la comisión del delito de operación con recursos de procedencia ilícita, se haría acreedor a una penalidad de cinco a 15 años sin derecho a fianza. Aseguró que existen los elementos suficientes para desaforar al ex perredista y que si hasta el momento no se le ha arraigado, existe vigilancia para evitar que abandone el país.
