Dirigentes de varias ONG consideraron que hay evidencias de recursos por más de 30 millones de pesos que fueron entregados a Pro-Vida de manera ilegal.
23 de agosto 2004.
México, (Notimex).- Organizaciones no Gubernamentales (ONG) pidieron al presidente de Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Emilio Chuayffet Chemor y a los integrantes del PAN, PRD, PVEM y PT a crear una comisión especial que investigue las presuntas anomalías y desvío de recursos hacia Pro-Vida.
En rueda de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, dirigentes de varias ONG consideraron que hay evidencias de recursos por más de 30 millones de pesos que fueron entregados a Pro-Vida de manera ilegal.
Pilar Muriedas, de Salud Integral para la Mujer y Helena Hofbauer y Daptnhe Cuevas, del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, -luego de entregar una misiva en la Junta de Coordinación Política-, demandaron que ese órgano cumpla con el acuerdo votado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para crear esa comisión especial.
Exigieron que la Cámara de Diputados dé seguimiento a este caso y que revele públicamente las supuestas irregularidades, a fin de evitar la impunidad en Pro-Vida que dirige Jorge Serrano Limón.
Muriedas lamentó que la Junta de Coordinación Política rechazó crear la comisión respectiva el pasado 29 de julio, con lo cual una vez más se incumplen acuerdos en la Cámara de Diputados lo que genera el círculo vicioso de la impunidad.
En la carta se señala que en diciembre pasado Luis Pazos de la Torre, quien era Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, violentó un acuerdo entre legisladores y asignó de manera unilateral recursos públicos que derivaron en un presunto fraude.
Demandaron además que se ordene una devolución de los recursos que originalmente iban a ser asignados a instituciones de lucha contra el Virus de Inumodeficiencia Humana (VIH)-Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) y que la Secretaría de Salud dé respuesta sobre inconsistencias encontradas.
La organizaciones mencionadas, así como Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia; Grupo de Información en Reproducción Elegida; y Letra S, Salud, Sexualidad y Sida, y 700 más obtuvieron el expediente de comprobación de gastos que entregó Pro-Vida a la Secretaría de Salud.
En esa auditoría descubrieron que se habría beneficiado con cerca de 75 por ciento del donativo a tres empresas que están vinculadas con la propia asociación civil.
Hofbauer confió en que estos hallazgos sirvan para que el Gobierno Federal y la Auditoría Superior de la Federación hagan una investigación a fondo.
También pretenden demandar penalmente al representante legal de Pro-Vida, Jorge Serrano Limón, por falsificación de documentos y por incumplir la normatividad.
"Es un evidente caso de corrupción, así se le llama a la decisión de autocomprar servicios a tus empresas y de falsificar facturas", dijo la diputada Malú Micher, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
