Bernardo Bátiz informó que nuevamente presentará dicha solicitud, ya que anteriormente le fuera rechazada bajo el argumento de que el asambleísta cuenta con fuero.
20 de octubre 2004.
MÉXICO, D.F., (SUN-AEE).- La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no defiende al diputado con licencia René Bejarano, por lo que volverá a solicitar la orden de arraigo en su contra, manifestó Bernardo Bátiz, titular de la dependencia.
Dijo que en los próximos días nuevamente presentarán dicha solicitud ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), luego de que ayer la jueza 27 de lo penal, Leticia Pliego, se lo negará, bajo el argumento de que el
asambleísta cuenta aún con fuero.
Sin embargo, para la Procuraduría sí puede proceder tal orden de arraigo, pues explicó que el Código de Procedimientos Penales les otorga la facultad de evitar que algún inculpado se evada de la justicia aunque éste sea funcionario.
Entrevistado al término de la reunión del gabinete de seguridad, dio a conocer que aunque la Cámara de Diputados decidiera desaforar a Bejarano aún no podría ser detenido, puesno se cuenta con una orden de aprehensión en su contra; no
obstante, por los delitos que se le imputan podría enfrentar el proceso en su contra recluido.
Ayer, informó, la Procuraduría General de la República (PGR) que solicitó a la PGJDF, a través de un oficio, el peritaje realizado al último video dado a conocer a la opinión pública en el que Carlos Ahumada platica con René Bejarano.
En relación con las críticas que la Secretaría de Gobernación le hiciera, acusándolo de irresponsable por dar a conocer información que forma parte de un proceso jurídico, el procurador capitalino señaló que no viola la ley, "pues son
datos que merece la ciudadanía conocer no por medio de filtraciones".
En ese sentido, dijo que si en el resto de los videos decomisados en las oficinas de la empresa Grupo Quart hay otras situaciones importantes que merezcan ser mostradas a la población, lo harán, pero mencionó que no tiene conocimiento de
nombres de otros funcionarios implicados que no sean Rosario Robles o Ramón Sosamontes.