Cuando se tiene una balanza de pagos deficitaria, como sucedió al finalizar los Gobiernos sucesivos de Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y durante toda la administración de Ernesto Zedillo, invariablemente debe adoptarse una política económica deflacionista o restrictiva del consumo de la población, en virtud de que ningún país puede permitirse la libertad de agotar el fondo de reservas de divisas y su capacidad de obtención de crédito internacional, sin que se vea obligado a negociar con el Gobierno del Fondo Monetario Internacional la adopción de algunas medidas fiscales y monetarias, que tienden a reducir la capacidad de compra de todos los sectores de la sociedad. En realidad, ningún país puede subsistir por largo tiempo gastando más de lo que produce, sin que pronto las naciones pierdan la confianza en el valor de la moneda.
En el fondo, se trata de modificar la posición deficitaria de la balanza de pagos y evitar la desconfianza de los países interesados en la inestabilidad cambiaria, haciendo que el aumento de impuestos, las restricciones en la circulación del dinero y la obstaculización política a las demandas de mejoría salarial, deterioren en su conjunto, la capacidad de compra en el interior del país y la nueva producción así obtenida, en vez de destinarse para el consumo o la inversión internas, se orienten hacia la exportación. El problema es que la imposición de una política económica -como ésta- aún cuando genera cierta estabilidad económica, tiene el defecto de que hace estremecer el aparato productivo, traduciendo sus efectos en un aumento del desempleo y en una disminución de los salarios.
Durante el Gobierno de De la Madrid se tomó la decisión de incorporar al país al Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio (GATT) y luego Salinas auspició una reforma política del Estado, que edificó sobre los cimientos de la privatización de los negocios públicos y la integración de la economía mexicana al área de libre comercio de Norteamérica, formada por Estados Unidos México y Canadá; ambas medidas respondieron al mismo propósito de consolidar una economía de exportación, apoyándose además en las expectativas del deslizamiento del valor del peso y de su devaluación gradual.
La devaluación es una medida que ha estado presente en todas las crisis, particularmente durante el estallido de la crisis financiera experimentada a escasos veintiún días de que Salinas entregara el mando a Zedillo (1994); en términos económicos, aquella medida equivalía a imponer un sobreprecio a las importaciones y un subsidio a las exportaciones, porque esto suponía que se vendería más barato y se compraría más caro en el exterior. Pero al final de cuentas condena al país a una situación estructural de subordinación en la que se debe trabajar más para pagar la misma divisa que se adeuda.
Tras las medidas de la devaluación del peso, las restricciones al dinero y al crédito, el aumento del Impuesto al Valor Agregado y la eliminación del subsidio a la tortilla, Vicente Fox (PAN-Guanajuato) todavía intervino personalmente ante los legisladores de su partido para apoyar la iniciativa de Ernesto Zedillo, a través de la que se aprobó la adquisición ilegal de los pasivos incobrables de la banca privatizada y se aprobara en una ley la conversión de éstos a la deuda del país.
Al lado de todas estas circunstancias, Vicente Fox (PAN) ascendió al Gobierno, gracias a la promesa de llevar a cabo un cambio en la vida de México, mediante los ofrecimientos de no aumentar los impuestos y de poner en práctica las decisiones que conduzcan al crecimiento económico del país, por oposición a las medidas restrictivas impuestas anteriormente para favorecer una economía de exportación en México.
Sin embargo, ha transcurrido ya más de la mitad de la vida que le corresponde a este Gobierno confiado a Vicente Fox y lo único que hemos vivido es una gestión gubernamental, en la que la bandera del cambio ha habilitado a Fox y al PAN para mantenerse alejados de las expectativas electorales, no sólo promoviendo aspectos diferentes y contrarios a los del sentir de la opinión pública, sino que arrogándose el derecho de pactar acuerdos -en nombre del pueblo- con Salinas y la tecnocracia bajo el mando de Gordillo, además actúan como elementos de distorsión y violación del mandato expuesto por el pueblo, durante las elecciones.
Durante la inauguración de la Convención Nacional Hacendaria, Fox sostuvo que “El Estado mexicano padece debilidad financiera estructural, se necesitan ingresos para cubrir las necesidades básicas, invertir en infraestructura y educación... Rechazo de manera enérgica que el vigor del sistema democrático pueda basarse en el debilitamiento de un órgano del Estado para beneficio del otro... hago un llamado a alcanzar acuerdos... un pacto a la altura de los retos de renovación que la democracia mexicana impone hoy. El objetivo ético y político más humano de la Convención Nacional Hacendaria es la justicia social”.
Vicente Fox no tiene una idea clara del punto donde confluyen la ética y la política. Y si habrá que supeditar la mayoría al parecer de los resultados de la CNH, porque sus objetivos humanos -asociados a la justicia social- sean moralmente buenos y todavía no hay acuerdo respecto a lo qué es moralmente humano cuando se aborda el gravamen del IVA a todo el consumo, falta el acuerdo necesario para la creación de una Ley; en cuya confusión caprichosa, Fox excluye llegar acuerdos con los sectores de la sociedad para conseguir lo que se necesita. En resumen, podemos afirmar como lo sostiene Fox en medio de sus contradicciones: la democracia no se apoya en la separación de los poderes, sino en la exigencia de que los actos del Gobierno se sometan a la mayoría, la cual demanda la liberación de todas las restricciones al desarrollo para invertir en la infraestructura, de cuya ausencia se hace depender la privatización energética.
