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MÉXICO, DF.- La Comisión de Gobernación del Senado propone desechar la Iniciativa de Ley de Cabildeo Legislativo, que proponía la contratación de empresas o personas para realizar dicha labor.
Esta forma parte del paquete de propuestas para combatir la corrupción entre los servidores públicos.
A su vez, la citada comisión puntualiza que tienen posibilidades de ser aprobadas la Ley de Seguridad Nacional - cuyo dictamen se presentará al Pleno, la próxima semana- la Ley del Registro Público Vehicular y la Ley de Extradición Internacional.
De acuerdo con el oficio CG/LX-1o/694/04 girado por el presidente de dicho órgano, el panista Gildardo Gómez, al presidente de la Mesa Directiva, Enrique Jackson -el pasado 17 de marzo-, el texto -presentado por el senador priista Fidel Herrera, en agosto de 2002-, “atenta contra la libertad de trabajo, porque impide que cualquier persona pueda dedicarse al cabildeo”.
También, según el oficio, transgrede el derecho de petición - “que es universal”- al establecer que sólo los cabilderos podrán pedir la atención de intereses, propios o de terceros, ante el Congreso de la Unión”.
También indica que “atenta contra la libertad de asociación al determinar mayores requisitos que los constitucionales, tales como estar inscritos en un registro...”.
Y es que en su artículo tres, la iniciativa puntualiza que las empresas dedicadas a las acciones de cabildeo deberán obtener un registro por tema a abordar en las oficinas designadas para tal efecto en el Congreso de la Unión y en la Secretaría Gobernación.
En contraste, la Comisión de Gobernación considera que la iniciativa que crea la Ley de Registro Público Vehicular - presentada por el presidente Vicente Fox en noviembre de 2003- será aprobada.
Dicha iniciativa propone crear un Registro Público Vehicular que a diferencia del Registro Nacional de Vehículos (Renave) - que fue concesionado a Ricardo Cavallo, acusado de haber cometido crímenes de lesa humanidad- será público, gratuito, oficial y nacional, cuya operación correrá a cargo de la secretaría de Seguridad Pública.
La Ley de Seguridad Nacional -que también tiene posibilidades de aprobarse en este periodo de sesiones- reglamenta la intervención de llamadas telefónicas, contempla la creación de un gabinete de Seguridad Nacional y el establecimiento de una Agenda Anual de Riesgos.
