La agenda del Senado para el período de sesiones que se abre pasado mañana debe desahogar entre muchos, dos asuntos propios de esa cámara: la designación de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cubra la vacante causada por la muerte de don Humberto Román Palacios, acaecida el ya lejano 16 de junio y la elección de presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para nombrar al nuevo miembro del tribunal constitucional la Cámara de senadores depende de la iniciativa presidencial. El Ejecutivo debe proponer una terna, de que esos legisladores escogen.
Esta legislatura practicó ya dos nombramientos de esa naturaleza. Uno, el del ministro José Ramón Cosío, no ofreció dificultad alguna. Pero el otro se enredó en una breve serie de vicisitudes que desembocaron, por fortuna, en una decisión acertada, que recayó en la magistrada Margarita Beatriz Luna Ramos. Uno de los defectos del procedimiento al cabo del cual se eligió a la segunda ministra en la actual etapa de la Corte, fue la demora con que el Presidente presentó la terna a que lo obliga la Constitución.
Circunstancia semejante se ha presentado ahora, pues hace ya diez semanas en que a ese tribunal falta un ministro. Esa ausencia ha dado ya lugar a que el presidente de la Corte ejerza su voto de calidad, que debía ser innecesario pues para ello se integraron el pleno y las salas de ese órgano judicial con números nones (once ministros en el primer caso y cinco en el segundo). Si bien en cuanto a la Corte, como elemento pasivo de la relación constitucional sólo cabe al Senado esperar, puede en cambio tomar la iniciativa en lo que corresponde a la designación del ombudsman, para la cual no se requiere acto presidencial ninguno.
Puede esa Cámara ejercer su facultad por sí y ante sí, toda vez que la regulación al respecto es mínima, constreñida casi solamente a las calidades de quien debe presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero si esta legislatura del Senado quiere actuar a la altura y la medida de los tiempos, bien haría en abrir a la sociedad su facultad de nombrar al defensor nacional de los derechos humanos. La propia historia de la Comisión lo obliga a hacerlo. Ese órgano nació en 1990 y su primer titular fue nombrado directamente por el Presidente de la República, pero no pasó mucho tiempo para que se comprendiera que la CNDH debía contar con autonomía y fundamento constitucional y el Presidente apartarse de la designación correspondiente, que recayó exclusivamente en el Senado. Sin abdicar de sus facultades en Xicoténcatl puede ahora darse un paso más, invitando a la sociedad a diversos modos de participación en el proceso.
Hay tiempo para hacerlo, porque la elección de presidente de la CNDH debe efectuarse en noviembre. De aquí a entonces el Senado, su Comisión de Derechos Humanos, presidida por Miguel Sadot Sánchez Carreño, podrían dar varios pasos.
El primero sería acusar recibo de las instancias que ya dirigieron a esa cámara y a esa comisión organizaciones civiles especializadas en la promoción y defensa de los Derechos Humanos. No me refiero, claro, al sello fechador con que se deja constancia de que un documento ha sido entregado. Creo que una reunión de los senadores interesados y los representantes de esas organizaciones podría generar sintonías respecto del mecanismo de designación (que no existe y puede establecerse sin mengua de las facultades senatoriales) y del perfil de quien deba presidir ese órgano. De lo que escuchen podrían los senadores derivar información que les permitiera emitir una convocatoria para que esas y otras agrupaciones, los ciudadanos todos, estuvieran en situación de proponer candidatos.
Éstos deberían ser conocidos públicamente y si no examinados en sentido estricto, sí expuestos al escrutinio de los senadores mismos y si cabe, de la sociedad. La formación, al cabo de ese proceso, de una terna que los propios legisladores formularan y de la cual surgiera el designado, sería la culminación de un ejercicio compartido sin que ello significara merma de la autoridad senatorial. Los senadores deberían tener presente lo ocurrido en octubre del año pasado con los consejeros del Instituto Federal Electoral, designados en San Lázaro, o su propia experiencia con los integrantes del órgano director del Instituto Federal de Acceso a la Información.
No considerar las expectativas de la porción de la sociedad interesada vivamente en estas instituciones o no realizar una auscultación abierta, favorece las negociaciones ajenas al cometido de los órganos de que se trate y abona la opacidad en una época en que debe prevalecer la transparencia.
Hasta ahora la CNDH ha tenido sólo cuatro titulares designados: Jorge Carpizo, Jorge Madrazo, Mireille Rocatti y el actual, José Luis Soberanes. El primero abandonó el cargo en 1993, cuando el presidente Salinas, que lo nombró ombudsman, hizo lo propio al hacerlo procurador de la República. El mismo tránsito hizo Madrazo, pero al cabo de su período de cuatro años, término también cumplido por la abogada Rocatti, a la que el Senado no reeligió en 2000. El cuatrienio de Soberanes toca a su fin y aunque está vigente el derecho a la reelección, una primera consideración que deben formularse los senadores, quizá en esa sintonía con los grupos de Derechos Humanos, es si la tarea es de tal modo delicada que debe evitarse el riesgo del desgaste por un período mayor de cuatro años. Hemos de seguir con el tema.
