Desde el pasado mes de febrero, los indígenas de Santa María de Ocotán son dueños legítimos de cinco mil 465 hectáreas más, que por diversas circunstancias formaban parte del ejido Bernalejo de la Sierra, del vecino estado de Zacatecas. Sin embargo, esta resolución presidencial no ha logrado llevar calma entre los comuneros tepehuanos del municipio de Mezquital.
A cuatro meses de que el presidente Vicente Fox Quesada hizo el anuncio formal de la conclusión de este conflicto, los integrantes de la comunidad indígena Santa María de Ocotán y Xoconoxtle no se han puesto de acuerdo sobre la forma como van a repartir las nuevas parcelas, ya que, incluso, han empezado a surgir grupos que denuncian un acaparamiento desproporcionado.
En total, son 700 nativos de Mezquital los que están demandando una porción de las tierras que fueron expropiadas a Zacatecas para regresarlas al territorio duranguense por parte del Gobierno Federal. Sin embargo, solamente son 300 hectáreas las que pueden tener uso como parcelas, y otro segmento importante de superficie sólo tiene vocación para la ganadería.
Lo contrastante es que una buena parte de las hectáreas que se ganaron en este prolongado conflicto son de bosque, con notoria riqueza maderable principalmente de pino y encino. No obstante, por corrupción de las anteriores autoridades comunales, la comunidad indígena enfrenta un proceso de veda forestal desde hace casi dos años y, por ende, no puede vivir de la extracción de la materia prima forestal.
Los indígenas tepehuanos de Santa María de Ocotán saben que fue positivo terminar con un conflicto que llegó a caer en la beligerancia política y social. Pero ahora están en espera de que las nuevas tierras y la voluntad de los gobiernos les brinden los elementos necesarios para aspirar al desarrollo de sus pueblos.
La situación se complica, ya que el año pasado las fuertes lluvias destruyeron dos de los más importantes puentes de esa región indígena: el Guamúchil y el Agua Fría. La promesa gubernamental de octubre de 2003 fue reconstruirlos en tres meses a más tardar. Hasta la fecha, el avance es ínfimo.
Una necesidad igual de urgente ha sido la finalización de la carretera La Candelaria-Llano Grande, para la comunicación interna de la región serrana. Pero en esta obra, como en la de los puentes de referencia, ni las autoridades de la comunidad indígena, ni el diputado Adán Soria Ramírez, representante popular de esa zona del estado, creen que el Gobierno del Estado cumpla su palabra.
FRUSTRACIÓN
A decir de Santiago Calleros Solís, presidente de Bienes Comunales de Santa María de Ocotán y Xoconoxtle, el avance en el inventario de las tierras que eran del ejido zacatecano Bernalejo de la Sierra, y que ahora forman parte del municipio de Mezquital, es apenas del 50 por ciento. Aun así, hay quienes dentro de la propia comunidad se quieren adelantar a los tiempos y están exigiendo el reparto anticipado de parcelas y solares.
Dice que hay aceptación de la asamblea de la comunidad para esperar unos 15 días más, a fin de que concluya el inventario de cada hectárea, de cada parcela. Afirma que en buena parte de los comuneros impera la idea de que la lucha por esas tierras fue de todos, y no solamente de un grupo. Pero eso no descarta que haya gente que se quiera aprovechar de la situación, aclara.
Calleros Solís señala que las tierras que se lograron a raíz del conflicto con Bernalejo son aptas para la siembra de maíz, calabaza, papas, avena o frijol. También son ricas en lo que se refiere al bosque, pero con la salvedad que nadie puede tener un aprovechamiento sobre los árboles porque, afirmó el líder indígena, anteriores gobiernos de la comunidad de Santa María incurrieron en corruptelas con los empresarios y en conjunto saquearon sin control el inventario forestal de la región.
Algunos de los requisitos que se han fijado para ser dueños de las nuevas hectáreas ganadas a Bernalejo son: que no tenga otras parcelas, que sean mayores de edad (mínimo 18 años), que estén casados o tengan familia, que estén dispuestos a ocupar las tierras para evitar el acaparamiento, y principalmente, que no quieran vender o traspasar a otra persona esa nueva propiedad comunal.
El representante de Santa María de Ocotán señala que ante la pobreza de la región, urgen proyectos productivos alternos al aprovechamiento forestal, pues hay la clara intención de respetar la veda que impusieron las autoridades hace tiempo, pero las necesidades de desarrollo son evidentes en esa comunidad.
CONTRASTES
?Dicen que somos ricos, pero a la vez somos pobres. La veda nos generó problemas fuertes. No supimos aprovechar bien los recursos?, puntualiza Santiago Calleros.
Y sobre la necesidad de desarrollo, precisa finalmente que las lluvias del año pasado les causaron daños en los puentes Agua Fría y Guamúchil, mismos que serían reparados en tres meses, según se comprometió el Gobierno del Estado en octubre de 2003.
Abundó que lo mismo ocurre con la carretera La Candelaria-Llano Grande, misma que la prometieron para finales de 2003, y sin embargo, la segunda promesa fue en mayo sin que ninguna haya sido cumplida por las autoridades estatales.
Esta rúa les ha causado el derribamiento de pinos que se encuentran en el trazo de la obra, pero, de nueva cuenta en perjuicio de la comunidad, las autoridades de medio ambiente no quieren dar permisos de aprovechamiento para que, aunque sea con esos dos mil metros cúbicos de madera que se va a desperdiciar, puedan obtener un ingreso económico.
Santiago Calleros de plano no les cree a las autoridades que antes de finalizar esta administración el Gobierno pueda hacer entrega de los dos puentes destruidos y de la carretera en mención.
PREOCUPANTE
Para el diputado local del Distrito III, Adán Soria Ramírez, la presencia de las primeras lluvias en la zona serrana de Mezquital genera preocupación, dado que se ve casi imposible que las autoridades de Obras Públicas puedan concluir a tiempo, como lo prometieron, los trabajos que están pendientes de finiquitar en esa región, principalmente en Santa María de Ocotán.
El legislador ve con optimismo que se refleje un trabajo más ágil que anteriormente; sin embargo, dijo recordar que el compromiso gubernamental fue cumplir con esos proyectos de infraestructura y de reparación en menos de cuatro meses, los cuales ya fueron rebasados.
?No sé qué estará pasando. Porque uno revisa los compromisos de tipo público, pero la explicación a detalle de los motivos del retraso la deben dar las autoridades correspondientes. Y sí, sí hay retraso en los plazos que ellos mismos se fijaron ?, determinó Soria.
FISCALIZACIÓN
Los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión estuvieron ayer en la ciudad de Durango para verificar los avances que se han dado en la etapa posterior a la finalización del conflicto entre el ejido zacatecano Bernalejo de la Sierra y la comunidad tepehuana de Santa María de Ocotán y Xoconoxtle.
En la capital del estado, por ese motivo, estuvo presente el procurador agrario del Gobierno Federal, Isaías Rivera Rodríguez, quien les explicó cómo se atendió y resolvió éste que fue uno de los 14 ?focos rojos? de conflictos agrarios a nivel nacional.
En entrevista, Isaías Rivera explicó que de esa catorcena de pleitos de tierras solamente siguen vigentes seis, ya que los otros ocho fueron resueltos por diversas vías, principalmente la conciliación y la indemnización económica.
Dejó claro que el caso de Bernalejo de la Sierra fue un parámetro sobre la forma como debían ser resueltos este tipo de conflictos, aunque para ello se haya destinado una bolsa total de mil millones de pesos a repartir principalmente entre los llamados ?focos rojos? y ?focos amarillos? que se pretende disolver este año.
El funcionario federal les expuso a los diputados del Congreso de la Unión que el asunto donde se vieron inmiscuidos los estados de Durango y Zacatecas ya se resolvió en definitiva, por lo que les hizo un informe en el que se dio cuenta de los alcances de este caso y del uso del dinero que ellos dispusieron para la solución de conflictos.
SOLUCIÓN
La posesión de las tierras de Bernalejo por parte de los comuneros de Santa María de Ocotán se dio formalmente desde el año 2003, pero formalmente y con título de propiedad desde el mes de febrero de este año, cuando se ejecutó el decreto expropiatorio y se formalizó tal con la entrega de los certificados correspondientes.
Para el reparto de las nuevas tierras que son propiedad de Santa María de Ocotán y Xoconoxtle, la Procuraduría Agraria está apoyando a los indígenas a través de asesorías, pero sobre todo, vigilando que no se vaya a violentar la ley en la repartición de las tierras, principalmente cuando se trata de bosques, razón por la cual no hay una asignación específica de hectáreas a cada uno de los comuneros, porque ello depende de la riqueza de cada segmento territorial.
Y con el propósito de respaldar a la comunidad tepehuana para su desarrollo, tomando en cuenta que hay veda forestal y que esa actividad era la principal vía de ingresos, Isaías Rivera señaló que se les está respaldando con proyectos productivos a través de montos de diversos programas agrarios, de apoyo a la mujer y de fortalecimiento de las comunidades y los pueblos indígenas, dotándolos de infraestructura como vías de comunicación, electrificación, etcétera.
La disputa entre Bernalejo de la Sierra y Santa María de Ocotán y Xoconoxtle ya quedó resuelto totalmente para las autoridades federales. Sin embargo, casos igual o más violentos se ubican en la zona lacandona de Chiapas, en Montes Azules; en la zona Yaqui del estado de Sonora; en la Meceta Purépecha de Michoacán, entre otros.
La estrategia federal para desactivar ?focos rojos? es enviar funcionarios a la zona de conflicto y que no regresen hasta que traigan soluciones.
En Santa María de Ocotán funcionó en cuanto a las diferencias de los comuneros con los ejidatarios zacatecanos; pero las necesidades de los indígenas duranguenses no han sido resueltas con un decreto expropiatorio. La pobreza, la falta de caminos, el daño de sus puentes y la marginación siguen siendo factores vigentes en la región.
OPORTUNO
A tiempo, solución en Bernalejo
Para el secretario general de Gobierno de la administración duranguense, José Miguel Castro Carrillo, la solución del conflicto entre ejidatarios de Bernalejo y comuneros de Santa María de Ocotán fue oportuna, ya que se desactivó a tiempo un conflicto social que pudo haber desembocado en trágicas consecuencias.
El funcionario estatal, quien encabezó la reunión de trabajo con la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados federal, manifestó que gracias a la intervención de las secretarías de Gobernación y de la Reforma Agraria fue acertada la solución de este añejo pleito, en el cual consideró que los factores decisivos fueron la madurez y la voluntad política para dialogar en forma directa con los protagonistas del conflicto.
Manifestó que fue hasta que se lograron satisfacer las necesidades y los requerimientos de los núcleos agrarios contendientes, cuando se logró la alternativa de solución que ?vino a sentar un precedente sobre la forma como se deben abordar este tipo de problemas sociales, buscando dejar satisfechas a las partes involucradas?.
NUMERALIA
Las cifras de los pleitos
1,000 millones de pesos es el presupuesto para desactivar pleitos agrarios en 2004.
14 ?focos rojos? de conflictos de tierras se identificaron a nivel nacional.
8 han sido resueltos.
6 quedan pendientes.
1 de ellos era el que sostuvieron zacatecanos y duranguenses.
5,465 hectáreas se disputaron en el caso de Bernalejo de la Sierra.
150 a 170 ?focos amarillos? de conflicto se registran en el país.
12 pleitos agrarios de menor intensidad siguen pendientes en el estado de Durango.
FUENTE: Procuraduría Agraria de la Federación.
RAZONES
Los motivos más comunes de conflicto...
Aspectos culturales.
Diferencias religiosas.
Enfrentamientos entre etnias y comunidades.
Disputa por el aprovechamiento de recursos (forestales, mineros, agrícolas, marítimos).
Sectarismos y racismos.
FUENTE: Isaías Rivera Rodríguez, procurador agrario y autor de estudios académicos sobre Derecho Agrario.
