El que una persona cambie diametralmente de opinión sobre determinado tema, es normal, total, es de sabios el rectificar. El que un funcionario público lo haga, esto es, que diga una cosa y semanas después, otra totalmente distinta, es tolerable y hasta entendible, cuando no tiene qué ver con cuestiones fundamentales y mucho menos con obras del Gobierno.
Sin embargo, cuando se anuncia como una posición oficial el que se hará una Tercería al Distribuidor Vial Revolución, para despejar de una vez por todas las dudas e inquietudes sobre una obra que costó algo así como 140 millones de pesos, pero luego se cambia de postura y ahora se reta a los representantes de la Iniciativa Privada y a la sociedad en su conjunto con una afirmación del calibre de que “si quieren una Tercería, pues que la paguen”, se deben prender todos los focos rojos posibles.
El secretario de Urbanismo y Obras Públicas del Gobierno del Estado, Jorge Viesca Martínez, fue tajante el día de ayer: “Si la Iniciativa Privada de la Región Lagunera quiere que se efectúe una tercería al Distribuidor Vial Revolución que la pague”.
Y aún más: El Gobierno del Estado no gestionará –y por supuesto, menos pagará- la Tercería, ya que la obra está en óptimas condiciones. En un mensaje claro a los empresarios laguneros, el funcionario estatal precisó que el estudio lo están solicitando la Coparmex y Canacintra y por tanto, serán estos organismos cúpula quienes tengan que cubrir los gastos.
Haciendo honor al pacto de civilidad que él mismo pidió, muy a su estilo, le dice a la IP lagunera: “Las pruebas de verificación y carga que están instaladas en 16 columnas podrían ser de utilidad para el estudio que requieren los organismos empresariales, por lo que el Gobierno del Estado está dispuesto a prestarlos sin cobrarles un costo por concepto de renta o venta”.
Todos aquellos que entendieron como una posición oficial el que se haría una Tercería, ahora deberán asimilar e interpretar este nuevo mensaje del funcionario... y actuar en consecuencia.
