Las autoridades municipales de Gómez Palacio, tocan extremos en su actitud frente a las campañas políticas que se llevan a cabo en el Estado de Durango, para renovar gobernador, congreso y alcaldes.
Lo anterior, porque mientras semanas atrás la alcaldesa Leticia Herrera pidió licencia para dedicarse de tiempo completo al apoyo de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, el día de hoy paraliza la acción ordinaria de Gobierno, frente a señalamientos de la oposición que denuncian el desvío de recursos municipales con fines de proselitismo electoral.
Uno de los grandes retos que plantea la liquidación del viejo sistema de partido de Estado, apunta a desvincular el apoyo del Gobierno en todos sus niveles y colores partidistas respecto a las campañas electorales.
Por ello, con toda razón los códigos electorales de federación y estados prohíben y castigan el desvío de recursos públicos, sean económicos, materiales o humanos, que se destinen en forma ilícita al apoyo de candidatos.
Las áreas de desarrollo humano y social son las más vulnerables al respecto, porque las ayudas que se destinan a la satisfacción de las necesidades colectivas primarias, en el combate a los efectos de la pobreza y la marginación, fueron utilizadas durante décadas por el PRI con el objeto de promover y captar el voto.
En esta práctica criminal estuvo fincada en parte la estabilidad del sistema priista, basada en la pobreza como estructura de Gobierno e instrumento de control, para asegurar la permanencia de un mismo grupo en el poder.
En el caso de Gómez Palacio, en pleno tránsito hacia la modernidad la Alcaldesa pide licencia para dejar temporalmente el ejercicio del cargo, con el propósito anunciado de participar en las campañas de su partido. Lo anterior resulta a todas luces indebido, porque la responsabilidad de un Presidente Municipal en orden a atender las necesidades colectivas, no admite ese tipo de pausas.
En forma coincidente, un empleado del Departamento de Desarrollo Rural del Ayuntamiento gomezpalatino fue sorprendido utilizando un vehículo de la dependencia para acarrear personas en apoyo de un evento priista, organizado con motivo del Día del Niño.
El hecho fue denunciado como delito electoral por el Partido Acción Nacional ante el Ministerio Público, lo que trajo como consecuencia la renuncia del empleado en cuestión y la determinación de la Presidenta Municipal, en el sentido de inmovilizar los vehículos oficiales del Ayuntamiento a partir de las cuatro de la tarde todos los días.
Como consecuencia diversa del mismo hecho, la administración municipal anuncia la suspensión de los programas sociales, lo que en la práctica se ha traducido en la desatención a los damnificados por las lluvias recientes, que demandan trozos de hule para reforzar sus viviendas.
La controversia revela la pobreza de las campañas duranguenses y su falta de propuesta y debate de altura, lo que tiende a desalentar la participación ciudadana y a fomentar el abstencionismo al que apuesta el PRI.
A ello corresponde que frente a los acontecimientos, se produce una curiosa reacción del Sindicato de Trabajadores Municipales de Gómez Palacio (priista-cetemista), que por voz de sus dirigentes manifiestan que se sienten hostigados ante los señalamientos de la oposición y por ende, temen salir a trabajar.
Las declaraciones de la dirigencia sindical resultan desmedidas, pues aseguran que por ejemplo un empleado del Departamento Eléctrico (que tenga horario nocturno) estará en riesgo de ser acusado de apoyar al PRI, si se le sorprende cambiando una luminaria fundida después de las cuatro de la tarde.
Las expresiones del líder sindical que naufragan a nivel de la anécdota, revelan una fingida y cursi sensibilidad que resta seriedad al tratamiento del tema. No cabe duda que nuestro proceso de transición a la democracia plena, ha derivado en un espectáculo de circo, en el que el pueblo espectador amenaza con invadir la pista.
