Aunque de primera intención el senador y presidente del Partido Verde Ecologista, Jorge Emilio González, negó su participación en un negocio que presupone tráfico de influencia, al tiempo que calificó el video en el que se evidencian tales hechos como “hecho en Hollywood”, la prueba dada a conocer al través de medios nacionales parece contundente y revela un comportamiento común en el ambiente político nacional.
No es la primera vez que se acusa a un legislador federal de traficar implícitamente con la influencia que entraña el ocupar un cargo público de esa naturaleza; pero en otros casos esas conductas no han sido contrarias a la Ley, pues en ésta no se contiene la incompatibilidad entre el litigio jurídico y el cargo. Se encuentran sí, al margen de cualquier límite ético, lo que si bien debería ser suficiente para que los involucrados se abstuvieran de realizar actos como los comentados, es ése en esencia un asunto de conciencia.
En cambio, cuando se acepta una determinada cantidad como pago por la gestión que realice un servidor público, como presuntamente sucedió en el caso que se comenta, se incurre en una responsabilidad oficial que está prevista y sancionada por la Ley, de manera que con base a los elementos de juicio dados a conocer públicamente, el Senado de la República está obligado a actuar abriendo un procedimiento que puede desembocar en el desafuero el legislador mencionado.
A su vez, si los hechos citados constituyen un infundio, quienes actuaron de esa forma deben responder por sus actos ante los tribunales penales, pues nada justifica que se confeccionen pruebas para perjudicar a una persona y menos cuando ésta desempeña un cargo de tan alta responsabilidad como lo es el de senador, por lo que en tal caso, el primero que debe presentar una denuncia penal es Jorge Emilio González. A menos que sea él quien miente y sí solicitó dinero a cambio de interponer su influencia para beneficiar a quienes hoy lo exhiben públicamente.
