“Como los grandes estadistas, le damos alas a quienes traicionan a sus amigos”.
John Gay
El Gobierno mexicano se está preparando para darle una puñalada trapera a nuestro país y a nuestros trabajadores. Con el fin de proteger indebidamente a un sector con influencia política, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes están listas para tomar una medida que haría menos competitiva la economía nacional y que le costaría muchísimos empleos a los mexicanos.
Una de las ventajas competitivas naturales de México es la vecindad con Estados Unidos, el mayor mercado del mundo. Esta cercanía nos permite, a pesar de nuestra primitiva infraestructura de puertos y ferrocarriles, mandar el 80 por ciento de nuestras exportaciones a la Unión Americana por carretera. Los exportadores de China y del resto del Asia, en cambio, están obligados a enviar sus productos por mar o aire.
Precisamente para conservar esta ventaja competitiva se negoció dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte la apertura de la frontera al transporte carretero. Desde el 18 de diciembre de 1995 se debió haber llevado a cabo esta apertura. Pero los intereses de los Teamsters, el sindicato de camioneros de Estados Unidos y de la Canacar, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga de México, han conspirado para evitarla.
La ventaja competitiva de la vecindad sólo puede mantenerse si el transporte carretero se realiza con facilidad y oportunidad. Pero debido a que se mantienen las restricciones fronterizas, la mercancía que cruza entre México y Estados Unidos por carretera se ve sometida a un absurdo proceso que cuesta tiempo y dinero.
Primero llega un camión a la frontera. Ahí se desengancha el remolque y se engancha a otro camión, conocido como “burrero”, que cruza la frontera. Una vez del otro lado, el remolque se desengancha nuevamente y se vuelve a enganchar a otro camión, el cual continúa la ruta en el país de destino. En un momento en que la tecnología de puertos y el manejo de contenedores están mejorando radicalmente la eficiencia del transporte marítimo, esta pesadilla logística le está restando una competitividad crucial a México.
Lo paradójico del caso es que apenas este pasado siete de junio la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos determinó, por voto unánime, que un juez de California no podía obligar al Gobierno estadounidense a realizar un complejo estudio de impacto ambiental antes de permitir el ingreso de camiones mexicanos a la Unión Americana.
El Gobierno mexicano debió haber aplaudido con entusiasmo esta decisión y apresurarse a aceptar las reglas del Gobierno del presidente Bush para abrir la frontera. Pero en lugar de eso dio a conocer un comunicado de prensa en que dice que no aceptará las reglas estadounidenses por considerarlas discriminatorias y que por lo tanto no abrirá la frontera.
Esta decisión gubernamental tiene como propósito beneficiar a la Canacar, que así evita la competencia y controla el empleo de los “burreros” fronterizos. Pero el resultado es disminuir la competitividad de toda la industria mexicana que depende de un transporte barato y expedito. Es verdad que el Gobierno de Bush no les ha dado a los camiones mexicanos un acceso exactamente igual al otorgado a los canadienses. A los vehículos mexicanos se les aplican requisitos adicionales de seguridad y a los conductores de conocimiento del idioma inglés. Pero estas reglas son el límite de lo que políticamente puede lograr el Gobierno de Bush. Representan, además, una mejora dramática sobre la actual situación.
El Gobierno de México debería aceptar las reglas y abrir la frontera de inmediato. Esto nos permitirá recuperar algo de la competitividad que estamos perdiendo ante China. Ya después podremos pedir la formación de un panel de controversia que investigue el trato discriminatorio a nuestros camioneros.
Lo que no podemos hacer es no tomar la oportunidad. No son muchas las reformas que podemos hacer para volvernos más competitivos que no pasen por un Congreso que se ha negado a aprobar cualquier reforma. Pero ahora resulta que cuando tenemos una oportunidad para volvernos más competitivos, nuestro Gobierno se niega a aprovecharla porque desea beneficiar indebidamente a un pequeño grupo de empresas a expensas de los empleos de millones de mexicanos.
Luis de la Barreda
Luis de la Barreda Solórzano, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito federal, ha dado a conocer un comunicado de prensa en que afirma que la orden de aprehensión en contra de su padre, Luis de la Barreda Moreno, es falsa. No existen pruebas, afirma, de su presunta responsabilidad en la privación de la libertad de Jesús Piedra Ibarra. “Se le persigue injustamente por presiones políticas.”
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