La iniciativa presentada ante el Congreso de Coahuila por diputados de oposición para derogar los artículos 41, 42 y 43 de la Ley de Tránsito y Transporte del estado, amerita ser comentada. Lo anterior a la luz del rechazo que implican las declaraciones del secretario del ramo Jorge Viesca Martínez, en el sentido de que la reforma que se propone y la consecuente liberación del transporte de carga “crearía monopolios”.
Los artículos citados disponen que constructores, comerciantes y ganaderos que deseen transportar en sus propios vehículos los insumos que requieren, deberán tener un permiso adicional a las placas de circulación, cuya expedición es a criterio de la autoridad. Esto desborda la regulación del servicio público de transporte e invade la esfera de los particulares, por lo que viola las libertades constitucionales de tránsito y de trabajo.
Contrario al dicho del Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, la situación actual de la Ley es la que genera un monopolio histórico a favor de los sindicatos afiliados al antiguo régimen de partido de Estado. Este monopolio que otorga las concesiones como instrumento de control político y concede o niega los permisos de particulares a discreción, genera un mercado cautivo y un servicio ineficiente y caro basado en el empleo de vehículos chatarra.
El monopolio se enfrenta de tiempo en tiempo a los sectores productivos, en especial a las empresas constructoras que viven a merced de los intereses de este tentáculo del pulpo transportista. La iniciativa de la oposición no sólo es atinada sino que se queda corta, por lo que el Gobierno de Coahuila debe buscar un consenso legislativo para modernizar el sector transportista, tanto en el rubro de carga como en el de pasajeros.
