Se estima que se optará primero por interrogar a Pinochet y luego decidir si se abre un proceso por los 20 jóvenes capturados dentro de la Operación Cóndor.
27 de agosto 2004.
SANTIAGO DE CHILE (AP).-Los abogados de Augusto Pinochet, recién despojado de su fuero de ex presidente, buscan una estrategia judicial para evitar que sea nuevamente procesado, esta vez por el secuestro y asesinato de una veintena de chilenos capturados en Argentina, Paraguay y Bolivia.
El grupo fue detenido en la década del 70 por las policías represivas de los regímenes militares de esos países, y entregado a los agentes chilenos, dentro de la llamada Operación Cóndor, montada en el Cono Sur por las dictaduras de entonces.
Un fallo de la Corte Suprema el jueves despojó a Pinochet de su inmunidad de ex jefe de estado para ser indagado en este caso pero la sentencia, sin embargo, dejó abierta la posibilidad que se libre del juicio debido a su demencia vascular moderada.
Esa causal fue esgrimida ya en julio del 2002 por la Corte Suprema para sobreseerlo del juicio por el asesinato de 75 prisioneros políticos, en 1973, en el caso conocido como la "caravana de la muerte".
Cuatro de los nueve magistrados que aprobaron el desafuero sugirieron al juez Juan Guzmán, a cargo de las investigaciones de la Operación Cóndor, que "entre las primeras diligencias que disponga, ordene los exámenes siquiátricos".
Otros dos fueron más tajantes y estuvieron por ordenar "que antes de cualquier relativa al inculpado, decrete los exámenes aludidos".
Cuando Guzmán encausó a Pinochet el 2001, lo sometió a exámenes médicos que revelaron una demencia vascular de leve a moderada irreversible.
La demencia progresiva del ex dictador es el principal argumento de sus defensores para pedir el sobreseimiento. Alegan que el fallo de la Corte Suprema que lo sobreseyó en julio del 2002 se aplica a todas las causas abiertas contra Pinochet.
Pablo Rodríguez, jefe del equipo jurídico de Pinochet, reiteró que los exámenes médicos de su cliente están disponibles para que sean revisados por el juez Guzmán.
Los querellantes opinan que Pinochet debe ser examinado para cada causa nueva que se presente contra Pinochet por violaciones a los derechos humanos. La semana última ingresó a la Corte de Apelaciones una querella que lo responsabiliza de ordenar la remoción y destrucción de cuerpos de detenidos-desaparecidos.
Ambrosio Rodríguez, uno de los abogados de Pinochet, dijo que "más temprano que tarde el general Pinochet va a ser nuevamente sobreseído por razones de salud".
En fuentes judiciales se estima que Guzmán optará primero por interrogar a Pinochet y luego decidir si el abre un proceso por los 20 jóvenes capturados dentro de la Operación Cóndor.
Por ahora se puede anticipar una prolongada batalla legal de recursos que presentarán a Guzmán tanto los defensores como los querellantes, al igual que en el caso de la "caravana de la muerte".
Pinochet también enfrenta una investigación por sus millonarias cuentas secretas, de 4 a 8 millones de dólares, que mantuvo en Washington en un caso a cargo del juez Sergio Muñoz.
El general retirado Luis Cortés Villa, presidente de la Fundación Pinochet, dijo el viernes que "la única participación que tiene el general es que él autoriza que en el país se haga una reunión de coordinación con diferentes países".
Empero, el fallo de la Corte de Apelaciones, que acordó desaforar a Pinochet en mayo, decisión ratificada en la víspera, afirma que el ex dictador supo de los crímenes que realizó su policía represiva y no hizo nada por impedirlo.
