El presidente del Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos, seguirá siendo magistrado de ese cuerpo judicial, a despecho de la decisión del Ejecutivo que busca sustituirlo sobre endebles bases jurídicas. En el Senado, que tiene la atribución de designar a los miembros de ese tribunal, se pospuso ayer su ratificación (porque está en curso una controversia constitucional sobre el caso). Mientras tanto, el funcionario continúa en su cargo merced a la suspensión definitiva que el primero de marzo le concedió una reconocida jueza, que por ello se expuso a una suerte de represalia urdida en Los Pinos.
Allí despacha, en efecto, Ramón Muñoz, coordinador de innovación gubernamental, encargado de proponer y tramitar los nombramientos cuyo origen o impulso corresponde al Presidente de la República. Miembro eminente del grupo Guanajuato, su activismo, su ideología y su proximidad con la señora Marta Sahagún de Fox hace pensar, cuando aparece y reaparece el despropósito de que por su condición conyugal ella pudiera ser Presidenta de la República, en José López Rega, el enigmático ex gendarme que por sus extravaganacias esotéricas alcanzó un lugar cercano a la señora María Estela Perón, conocida como Isabelita, a cuyo resguardo cometió e hizo cometer multitud de tropelías.
De una modesta posición como empleado en el Grupo Bimbo, la fortuna política condujo a Muñoz primero a practicar la ingeniería administrativa en el gobierno de Guanajuato y luego, tras participar en la autoría de la candidatura presidencial de Vicente Fox, no sólo a un cargo muy próximo al Ejecutivo, sino a una condición de consejero áulico que le permite participar en todo. En esa circunstancia, y ante la conclusión del periodo de seis años en que García Villalobos había sido magistrado del Tribunal Superior Agrario, y actualmente su presidente, Muñoz preparó una terna para sustituir a aquel funcionario, que en el régimen priísta llegó a ser, previo a su ingreso a la justicia agraria, subsecretario de Gobernación (responsable de protección civil, prevención y readaptación) cuando el titular era Francisco Labastida.
El once de febrero, al mismo tiempo que se remitía a la Comisión Permanente la terna para cubrir la vacante que dejaría García Villalobos, se explicaba por qué no se propuso su ratificación. Antes de que el órgano legislativo actuara, García Villalobos demandó amparo, y el primero de marzo obtuvo la suspensión definitiva “para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, esto es para que el quejoso no sea privado del cargo de magistrado numerario del Tribunal Superior Agrario con motivo de la determinación tomada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el once de febrero en curso, relativo a la propuesta de no ratificación del agraviado en el puesto que desempeña...sin que sea obstáculo para el desempeño de sus tareas el que se hubiere llegado a la fecha de conclusión de su periodo de seis años, en virtud de que no existe en el expediente prueba alguna que acredite que se haya concluido el procedimiento para la determinación de la procedencia o improcedencia de la ratificación a que debe sujetarse el nombramiento en términos de la Ley orgánica de los tribunales agrarios”.
La jueza séptima de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, Luz María Díaz Barriga de Silva abundó en sus motivos para conceder la suspensión definitiva: “en el expediente no se encuentra probada ninguna deficiencia de tal manera grave que afecte el orden público e interés social, lo cual le impidiese continuar con sus labores jurisdiccionales, por lo que no se pone en duda su honesto y adecuado desempeño en el cargo, y en cambio el periodo en que ha ejercido el cargo lleva a presumir una experiencia tal que necesariamente codyuvará a la más adecuada resolución de los asuntos en que intervenga”. Tal parecer, contrario al sostenido por la Presidencia, sonó a los oídos de Muñoz como un delito de lesa majestad, por lo que susurró ante oídos sensibles en el Consejo de la Judicatura su sospecha sobre la jueza, a la que según su suspicacia habrían inducido motivos diferentes a los expresados. Muñoz no tiene por qué saber que la juzgadora ha tenido ya una vasta carrera en el poder judicial, al que ingresó como taquígrafa aun antes de concluir sus estudios en la Escuela Libre de Derecho, y en que fue nombrada jueza el 18 de noviembre de 1987.
Los oídos sensibles correspondieron a una acción veloz, y se ordenó una intervención a los archivos informáticos de la juzgadora. Su computadora fue trasladada fuera del juzgado para su examen, en busca de una huella que revelara por qué, más allá de la ley, la experimentada jueza se permitió discrepar de la opinión presidencial. Naturalmente no se halló en los archivos intervenidos nada que denotara que la licenciada Díaz Barriga de Silva se apartara del cumplimiento de su deber, y por lo tanto no ha lugar a reconvención alguna sobre su conducta. Pero en el ánimo de los jueces federales queda impreso el amago implícito a que se exponen si dejan en cuestión un asunto que importe al consjero principal de Los Pinos.
La Comisión de Justicia del Senado aprobó el dictamen para la ratificación de del presidente del Tribunal Agrario, echando por tierra los argumentos para hacer lo contrario. Le bastó, por ejemplo, cotejar el presupuesto del tribunal con el número de sentencias emitidas para derrotar el alegato productivista esgrimido.
