Por fin se decidió el Gobierno Federal a hacer bueno el vaticinio que hice en anterior colaboración en que me permití señalar que de seguir enfrentándose Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador terminarían de mala manera.
La solicitud de un juicio de procedencia está claro que no es el final de lo que ha venido sucediendo desde hace un buen rato. Aún le quedan varios episodios al asunto. Me pregunto si sabrán las partes en el berenjenal que se están metiendo o también si valdrá la pena lo que al final de cuentas se consiga
¿Son éstos los pródromos de la sucesión presidencial en que se quiere impedir a cualquier costo que la izquierda pueda arribar al poder?
Empecemos por desgranar la mazorca. Si las cosas que han logrado salir a la luz pública hubieran mostrado a un Gobierno que se hubiera mantenido dentro de los límites de una actuación pulcra, entregado en todas las áreas que legalmente tiene encomendadas, a hacer las cosas con la imparcialidad, que le da fuerza a su imperio, nada habría qué objetar. Mas es el caso que no ha sido así, pudiéndose observar que el marco en que se mueve su dependencia, encargada de la persecución de los delitos, tiene como común denominador la sospecha de que hay una parcialidad por cuanto al rumbo de sus decisiones.
Se ha echado a andar la fuerza del Estado como se hacía antes, en los tiempos en que no imperaba la democracia. ¿Cuáles son las diferencias? Hasta ahora sólo una. El Presidente se ha bajado del pedestal en el que los otros se subían para no descender en seis años. He leído que ya no hay una deidad en un trono que puede lanzar truenos, rayos y centellas contra el que ose tan sólo levantar la mirada. Pero siguen subsistiendo las tentaciones de acabar con los enemigos usando el aparato gubernamental, sin sopesar si las medidas adoptadas tienen la misma trascendencia que la falta que le dio origen.
Mientras más se insiste en que no es el Poder Ejecutivo federal quien actúa motu proprio, sino que es apenas un sirviente del Poder Judicial de la Federación de quien ha recibido un mandato que debe cumplir a fortiori velis nolis, más se acentúa la certeza de que se trata de un pretexto para apabullar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, pues no se sabe que, antes de ahora, la PGR hubiera pedido un juicio de procedencia, ni parece necesario que ponga énfasis en demostrar que su trabajo tiene la pureza del verdugo que se encapucha porque son otros los que le obligan a cortar la cabeza de su víctima.
Para nadie es un secreto que en este asunto se juega más allá que un incumplimiento de una suspensión dictada en un juicio de amparo. Hay un cariz político que se ve detrás de quienes tratan de quitarle el fuero como un gran resplandor cuyo brillo no se logra ocultar del todo.
Me permito suponer que, en efecto, hubo un desacato punible, que debe sancionarse, dice el artículo 206 de la Ley de Amparo, como si se tratara de un abuso de autoridad y que la Procuraduría General de la República no tuvo más remedio que obedecer solicitando, para consignar penalmente el desafuero del alto funcionario.
Es una decisión en que no se trata de remover al que barre la banqueta de un edificio, en que lo que sigue no tendría ninguna relevancia de índole política. Se le paga, mandándolo a su casa y colorín, colorado.
Aquí hay una historia de desavenencias entre personajes que fueron legítimamente elegidos, cuyo cambio atenta contra la voluntad de sus electores. Es cierto que las relaciones han sido tensas entre el Gobierno Federal y los que manejan el DF. Ambos viven en la misma ciudad, ambos se disputan el favor y la exaltación de sus votantes.
Sus actividades se realizan simultáneamente dentro de facultades que, si no existe una buena armonía, suelen derivar en fricciones y crispamientos. Sin embargo, ¿cuál es la realidad que se trasluce en las intenciones, cualesquiera que sean las consecuencias, de quitar un estorbo?
Porque consecuencias políticas las habrá, ni lo dude usted tantito. Son muchas las voces que se suman al Gobierno Federal: los terratenientes, los despachos de abogados cuyos consorcios defienden los intereses de aquéllos, los acaparadores del poder económico y los que, siendo políticos, carecen de sensatez, por moverse en las esferas de lo que se conoce como fanatismo.
Un futuro Gobierno popular es lo que más odian. A propósito, es el respaldo popular lo que puede inclinar la balanza en una disputa de poderes. Hay ya quienes opinan que se llaman demócratas pero sus actos les definen como autócratas.
Son reacios a aceptar la voluntad del pueblo cuando no coincide con su propia voluntad. Que Andrés Manuel López Obrador llegó al Gobierno del Distrito Federal porque así lo quiso la mayoría de los ciudadanos que residen en la Ciudad de México no hay la menor duda.
No quiere decir, con esto, que haya o no rebeldía en el cumplimiento de la suspensión. No tengo a la mano los infolios del cuadernillo acerca del acuerdo que mandó paralizar la obra pública, pero no los necesito para saber que la reacción del Gobierno Federal, dados los antecedentes del caso, es producto de una inquina más que de una violación a una resolución judicial.
