Desde mi particular punto de vista, con el respeto que me merecen las personas que se mueven en los altos niveles priistas, no coincido con los que decidieron poner un freno a las personas que, sin tener una carrera electoral, aparecían de pronto en el escenario político buscando un puesto de elección popular. La decisión era poner una barrera a los arribistas que llegaron a los Gobiernos estatales o a la Presidencia de la República sin tener una preparación esencial obtenida en el ejercicio de un puesto de elección popular, que dio lugar a que tropezaran en el desempeño del cargo provocando se perdiera la confianza de la ciudadanía. Dos razones torales puedo esgrimir como argumentos para estar en contra de este criterio.
Primero, que hay personas dedicadas con laboriosidad a mantener la maquinaria priista o de cualquier otra agrupación política, que llevan años haciendo méritos para ser tomados en cuenta y que en el caso del PRI se han visto marginados por no tener cercanía con los que durante mucho tiempo, utilizando al partido como una oficina de colocaciones, vinieron mangoneando los puestos públicos. No hay razón válida para que siendo priistas de alma, cuerpo y corazón, se les impida participar.
El segundo argumento consiste en que no se puede privar de sus derechos a nadie estableciendo requisitos metaconstitucionales que obviamente no se contemplan en ese máximo ordenamiento jurídico. En efecto, el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo final, dispone que sólo podrá ser Gobernador de un estado el ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección. Antes de seguir adelante, déjeme decirle que estará usted pensando correctamente que quien impuso los llamados candados fue un partido político, no constituyendo ni tan siquiera una norma jurídica de aplicación general, por lo que malamente puede considerarse contraria al orden constitucional. Es cierto, pero como la disposición repercute en el derecho que tiene todo ciudadano, de aspirar a gobernar la entidad donde ha nacido, debe considerarse ilegal.
El espacio no permite que me extienda en más consideraciones, ni es la intención profundizar en la antijuridicidad de la medida, baste decir que, por lo concerniente a la residencia efectiva en la entidad, el tiempo puede ser incrementado sin variar el espíritu que guió al legislador para fijar la regla, pero no así el derecho que consagra para que cualquier ciudadano, haya o no ocupado un puesto de elección, pueda figurar como candidato pues es un derecho que tiene todo mexicano que no se puede coartar, imponiendo condiciones que lo hagan nugatorio, pues se estaría adicionando un texto legal sin tener facultades legislativas para ello.
En esos mismos términos, sólo que referido a la convocatoria, debe hacerse mención de que al expedirla el Comité Ejecutivo Nacional del partido está exhibiendo un centralismo rapaz que no corresponde a la libertad que se pregona en una lucha electoral democrática. Sin duda cuando se trata de comicios en los que se juegan puestos que corresponden a la esfera federal, diputados, senadores o presidente, el organismo indicado para convocar deba ser el CEN del partido, pero cuando se trate de elegir a los integrantes de las legislaturas locales, integrantes de cabildos y gobernadores, son los Comités Ejecutivos Estatales los autorizados para hacerlo. Aun con disposición estatutaria en contrario, pues al señalar lo anterior estoy apelando a lo que es justo con un total sentido de equidad.
Lo que estaría haciendo el CEN del PRI sería invadir una esfera en la que solamente a los priistas coahuilenses les toca decidir. En las próximas semanas deberá convocarse a los aspirantes. De hacerlo habría una intromisión intolerable. De otra manera no tendría sentido que existieran comités estatales, si las funciones que debería tener como órgano coadyuvante en la elección de poderes de un estado, las asume indebidamente el comité nacional.
¿Por qué se le impondría una convocatoria con condiciones que los priistas coahuilenses no han aceptado en asambleas regionales? ¿Qué de su autonomía? Si los priistas del Estado de México se doblegan, dejándose avasallar, convirtiéndose en partiquinos de la dirigencia nacional, allá ellos, sus razones tendrán. Los priistas no deben dejarse pisotear en su dignidad partidista aun, de ser necesario, provocando un diferendo ante el Trife. Las cartas estarán dadas, veremos quién las juega mejor. Tómese en cuenta que a priistas de esta entidad les estarían viendo la cara de comparsas. Y eso a cualquier nativo de acá, priista o no priista, debe darle grima.
