El titular de la Entidad de Auditoría Superior del Congreso local, Daniel Rueda, reiteró que la entrega-recepción de la administración pública estatal, municipales y de los poderes Legislativo y Judicia, debe ser un proceso, y no meramente un acto simbólico de firma de actas.
Para ello, los funcionarios que entran y salen tendrán 30 días hábiles posteriores para hacer las aclaraciones pertinentes, y promover investigaciones que, de ser necesario, pueden llegar al fincamiento de responsabilidades en caso de no existir satisfacción por los bienes registrados.
Significa que la firma de un acta, que contenga la relación de los bienes materiales, humanos y financieros, será la formalización de todo un proceso de entrega-recepción que se lleve a cabo previamente, con el cotejo físico y en campo de lo asentado documentalmente.
El órgano de fiscalización del Poder Legislativo únicamente podrá atestiguar los actos finales de entrega-recepción, en caso de que así lo pidan las partes, y darse por enterado de que todo se llevó conforme a lo que establece la ley, con la satisfacción de los involucrados en caso de que así sea.
Será facultad de cada servidor entrante señalar anomalías en caso de no haber congruencia en la relación de bienes documentales con los físicos, para lo cual tendrá 30 días hábiles después de la entrega-recepción, para hacerlo del conocimiento del saliente; e inclusive, si al término del plazo no hay satisfacción, el marco jurídico establece los procedimientos legales para promover recursos.
El artículo 21 de la Ley para la Entrega-Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios de Durango establece que ?en caso de que el servidor público entrante se percate de irregularidades en los documentos y recursos recibidos, dentro de un término de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha del acto de entrega-recepción, deberá hacerlas del conocimiento de la Contraloría o del Órgano de Control Interno , a fin de que sea requerido el servidor público saliente y se proceda a su aclaración?.
?Una vez recibido el escrito que señala las probables irregularidades detectadas en la verificación del acta de entrega-recepción, citará dentro de los quince días hábiles siguientes a los servidores públicos entrantes y salientes, a efecto de solicitarles las aclaraciones pertinentes y se proporcione la documentación que, en su caso, resultare faltante, levantándose un acta administrativa, con las manifestaciones que al respecto rindan los servidores sobre las inconsistencias?.
?Si el servidor público entrante considera que no se aclaran dichas inconsistencias, la Contraloría o el Órgano de Control Interno procederá a realizar las investigaciones a que haya lugar y de resultar que se constituye probable responsabilidad administrativa, se procederá conforme lo dispone la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, sin perjuicio de lo que señalen otros ordenamientos?.
CAMBIO
Todo preparado en el Congreso
El oficial mayor del Congreso del Estado, Alfredo Varela García, informó que todo está preparado y organizado para que se cumpla con el marco jurídico que establece la entrega-recepción de los bienes del Poder Legislativo, con el cambio de legislatura.
Dijo que al menos en lo que corresponde a su competencia, ya existe un inventario, registrado documentalmente y cotejado físicamente, sobre los bienes muebles, inmuebles, materiales y humanos, además de que la Comisión de Administración y Control Interno también ha trabajado en la elaboración del archivo legislativo, con los proyectos de iniciativa pendientes, y los que fueron aprobados durante la LXII Legislatura local.
