Primera de dos partes
Esta semana no fue más de lo mismo, fue más grave: el país se asomó al balcón de una crisis constitucional. Si la interminable colección de escándalos y desatinos políticos ha ido domesticando la capacidad de asombro y ha borrado la frontera del peligro, lo ocurrido esta semana obliga a abrir los ojos y reconocer que es hora de echar los cimientos de una conducta política civilizada.
Una conducta que distinga claramente los asuntos del interés nacional de aquéllos del interés preelectoral, grupal o personal de quienes en la disputa por el poder muy poco les importan los objetos, las iniciativas, las acciones que toman como ariete para golpear a sus adversarios. Si no se distiende la atmósfera de confrontación, los cimientos que se están echando son de ruptura. La atmósfera prevaleciente está obligando a tomar partido -en la doble acepción de la palabra- de manera precipitada y prematura y, como en los pleitos de cantina, ya todo es escoger en quién descargar la ira, el desencanto y la rabia para, de una vez, eliminar al indeseable en turno. En el fondo, sin embargo, ese juego marcado por la polarización, lo único que se está destruyendo es la posibilidad de darle al país una alternativa.
*** Si ver entrar un caballo al Congreso; si ver dormir a un legislador sobre la mesa del debate; si ver a un político ponerse como orejas las boletas electorales; si ver que la fuerza pública es el garante del quehacer parlamentario; si ver marchar con fusiles o machetes a ciudadanos desesperados; si ver el secuestro de funcionarios como instrumento de canje por demandas no atendidas, si ver matar a palos a un maestro... si todo eso ya no causa asombro ni conmueve, lo ocurrido esta semana debería subrayar que el país camina directo a una crisis constitucional.
Puede parecer ordinario que el lenguaje entre diputados locales y federales, entre diputados federales o entre diputados locales sea el de los manotazos, los madruguetes, los empujones, los engaños, los asaltos o los golpes. Puede parecerlo porque, ciertamente, aquí como en otros países, el carácter del trabajo parlamentario frecuentemente desata las pasiones.
Ocurre, sí, aquí y en otros lugares pero el problema es que aquí los otros recursos de la política tampoco están operando y en el pleito por el poder, se están arrastrando a las instituciones así como a los asuntos del interés nacional. Desde esa perspectiva, no es ordinario lo que está ocurriendo. Es grave, tremendamente grave lo que está ocurriendo. Ninguno de los actores políticos repara en los instrumentos que se están tomando como toletes o como palos de su pleito y en esa circunstancia, se está tomando como rehén a la democracia y a los ciudadanos.
*** En los últimos quince o dieciséis años, el país se ha asomado en tres momentos a una posible crisis constitucional. En 1988, la calificación de la elección presidencial marcada por el fraude cometido a favor de Carlos Salinas de Gortari, estuvo a punto de colocar al país al borde de una ruptura. La toma de la tribuna de San Lázaro en su condición de Colegio Electoral y el encañonamiento de Diego Fernández de Cevallos cuando pretendió abrir los paquetes electorales fueron, quizá, el símbolo del peligro que se estaba corriendo.
Aquellos actos no fueron tomados como actos de barbarie, sino actos de dignidad. Lo cierto, sin embargo, es que en aquellos años el país estuvo cerca de una crisis constitucional. En 1997, cuando el PRI perdió la mayoría parlamentaria, desde la Secretaría de Gobernación Emilio Chuayffet pretendió darle un golpe al parlamento.
Se reconocía el voto, pero se resistía su consecuencia: la pérdida de la mayoría parlamentaria tricolor. La intención de Chuayffet era impedir que la nueva mayoría -en ese momento integrada por el G-4, nutrido fundamentalmente por el panismo y el perredismo- instalara el Congreso. Un telefonema entre Porfirio Muñoz Ledo, Liébano Sáenz y sin tener el dato confirmado, el presidente Ernesto Zedillo, contuvo el afán golpista de Emilio Chuayffet.
Pero cerca se estuvo de caer en una crisis constitucional: llegar a la fecha de arranque del período de sesiones sin un Congreso instalado. La tercera es la de hoy. Un incidente, un desliz, un accidente en la toma reiterada de la tribuna de San Lázaro podría desembocar en algo mucho más grave que el grotesco espectáculo ofrecido.
La urgencia por debatir y aprobar una reforma mal hecha al artículo 122 constitucional que, hasta donde se sabía, no constituía una prioridad, se ha convertido en el detonante de esta nueva crisis que, por momentos, adquiere los signos de una ruptura de enormes consecuencias.
Se podría, desde luego, entrar a analizar la personalidad de muchos de los protagonistas de ese juego que, política y moralmente, están descalificados para actuar.
Los hay de uno y otro bando. Del PRD, del PRI, del PAN, pero entrar al juego de manifestar las filias y las fobias no conviene ahora porque, en el fondo, lo que está en juego es la vialidad del propio país.
*** La precipitación de la lucha por el poder -esa es la materia de fondo- está colocando de nuevo al país al borde una crisis constitucional. En la agenda política legislativa no aparece un solo asunto del interés nacional. Nada en material fiscal, hacendaria, energética, laboral o de telecomunicaciones, todo se juega en torno al desafuero y el enjuiciamiento de Andrés Manuel López Obrador o en torno a aquellos otros asuntos que podrían eliminar o vulnerar sus aspiraciones y su popularidad. Continuará mañana...
