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MÉXICO, DF.- El PRI propondrá, de cara a la Reforma Electoral, una nueva figura jurídica de “declaración de voluntad” para que todo aspirante a algún puesto de elección popular emita una carta de este tipo que permita fiscalizar, regular y vigilar las precampañas electorales en todo el país.
Dicho documento se convertiría así en una normatividad específica que obligaría a los precandidatos a decir de dónde viene el dinero con el que patrocina su campaña, similar a la declaración patrimonial de los servidores públicos, como parte de una norma que si no se cumple, impediría el registro de cualquier candidatura.
Además, el comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) analiza la posibilidad de presentar una polémica propuesta: eliminar del sistema electoral mexicano el financiamiento privado o las aportaciones directas de personas físicas o morales y circunscribirlo todo al financiamiento público. Esto, como vía para simplificar la fiscalización sobre los partidos.
Esto no impediría a los institutos políticos seguir recaudando cuotas o recurrir a sus esquemas tradicionales de recaudación de recursos vía eventos públicos o rifas.
La propuesta priista implicaría que el IFE patrocine también los procesos de “elecciones primarias internas”, cuando varios aspirantes se disputan la candidatura de un partido, en procesos abiertos, regulados por el Instituto Federal Electoral.
Según datos del PRI, las precampañas cuestan tres veces más que las campañas y el flujo de dinero que ahí circula, nunca está controlado. Aunque hasta el momento no hay acuerdo con el Partido Acción Nacional (PAN) en este punto, podría ser el instrumento de presión del de la Revolución Democrática (PRD) y PRI para negociar una reforma de fondo.
Otro instrumento de presión que analiza el PRI se refiere a la participación de los medios electrónicos e impresos en los procesos electorales. Dicho partido plantea que sea el IFE quien compre el acceso a los medios a través de un “mercado regulado”.
Es decir, se establece una comisión del IFE con los partidos políticos al inicio del año electoral y se negocia con los medios tarifas que no se pueden divulgar. Una vez bloqueado o comprado ese espacio, los partidos contratan con el IFE esos espacios cuando quieran y en los tiempos que quieran.
Con este esquema, se busca controlar los gastos excesivos de los partidos en medios de comunicación; se regulan los sobre precios y la irracionalidad en la contratación, así como los procesos de comisiones de agencias.
Quien lleva la negociación directa de estas propuestas ante el PRD, PT-PVEM y Convergencia es el diputado priista Alberto Aguilar Iñárritu, uno de los personajes más cercanos al líder priista Roberto Madrazo y miembro del sector popular, que dirige Manlio Fabio Beltrones.
