EL SIGLO DE DURANGO-AEE
DURANGO, DURANGO.- Mientras la legislación electoral de los estados no avance al ritmo que registra el sistema electoral federal, será casi imposible consolidar en términos reales la democracia en el país, advirtieron ayer legisladores locales de diferentes estados de la República.
Reunidos en la ciudad de Durango para un encuentro nacional de grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, los diputados consideraron urgente la necesidad de hacer Reformas Electorales integrales en cada entidad federativa; pues de lo contrario, amenazaron, los rezagos en la materia seguirán causando graves daños al proceso de democratización de México.
Y aunque asumieron que sí hay estados donde las fuerzas políticas se han puesto de acuerdo para crear legislaciones electorales acordes con la realidad política que demandan los mexicanos, dejaron claro que existen cerca de seis a ocho casos de entidades en las que el marco jurídico en referencia es primitivo y propicia la ilegalidad y las contradicciones normativas.
Según los coordinadores de las fracciones parlamentarias del PAN en sus respectivos congresos locales, ése es el caso de las legislaciones de Oaxaca, Tamaulipas, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Coahuila y Durango.
Por el contrario, hay ejemplos como Aguascalientes o Zacatecas, donde han avanzado incluso en temas como la participación de los migrantes en la toma de decisiones políticas, la reducción de los tiempos de campañas y la regulación de precampañas; la fiscalización minuciosa del financiamiento a partidos y candidatos, e incluso en la empatía de procesos electorales federales con elecciones locales.
Coahuila: decepción
Para José Ángel Pérez Hernández, coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de Coahuila, la legislación electoral de su entidad se anuncia como “de vanguardia”; sin embargo, en muchos aspectos es todo lo contrario.
El coahuilense dijo que en su entidad hay un alto grado de corrupción entre la clase que gobierna a nivel estatal y los abanderados del PRI a puestos de elección popular, a tal grado que hay áreas como la Secretaría de Educación que prácticamente se han convertido en los trampolines idóneos para buscar la consolidación de un proyecto político-partidista.
Pérez Hernández ubica que la legislación electoral de Coahuila, a pesar de que fue recientemente reformada por la anterior Legislatura local, es retrógrada en cuanto a que pretende desfasar las elecciones de ayuntamientos en comparación con los comicios para gobernador y diputados, lo cual se complica aún más pues allá no hay empatía de comicios locales con procesos federales.
Al ser entrevistado por El Siglo de Durango, el líder de la fracción panista en el Congreso de Coahuila manifestó que la postura caciquil de su gobernador, Enrique Martínez Martínez, no ha permitido que se dé un desarrollo armónico en la actividad política, siendo la Reforma Electoral uno de los más claros ejemplos de que se pueden cambiar textos, pero no los graves problemas que padece la redacción de su cuerpo normativo.
Por eso, él mismo ubicó la legislación electoral de Coahuila dentro de las que registran mayor rezago en el contexto nacional. Y algunas de sus modificaciones más actuales se aplicarán por primera vez en las próximas elecciones para gobernador, a realizarse en septiembre de 2005.
Tamaulipas: narco
En el estado de Tamaulipas, las decisiones políticas las toman los cárteles del narcotráfico, pues este sector de la delincuencia es quien quita y pone candidatos y quien en realidad gobierna en el estado y principalmente en los municipios fronterizos, denunció Juan Ángel Ibarra, coordinador de la fracción del PAN en el Congreso local de esa entidad.
El panista tamaulipeco manifestó que una legislación electoral debe contemplar fuertes restricciones para el ingreso de dinero sucio a las campañas proselitistas, pues Tamaulipas es uno de los ejemplos de mayor descaro, dijo, respecto de la intervención del narcotráfico en la política.
Consideró que hablar de la narcopólítica es referirse a una situación común entre la sociedad de Tamaulipas, a tal grado que las decisiones en los partidos o las determinaciones de los candidatos pasan a segundo término, puesto que quien en realidad se juega los puestos de elección popular es la mafia, al conjugarse principalmente la presencia de dos cárteles de la droga: el del Golfo y el de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Juan Ángel Ibarra declaró que atrás de cada precandidato en procesos internos del PRI es seguro que esté “un malandrín”, refiriéndose a las personas que se dedican al narco en ese estado.
Por eso habló de la importancia de que la creación de cuerpos normativos de carácter electoral contemple una vigilancia muy puntual de este tipo de problemas que han dejado de ser sociales o de seguridad solamente, y se han trasladado a la política partidista.
Quintana Roo: mapaches
El cuerpo normativo de Quintana Roo, como el de la mayoría de los estados en materia electoral, no está todavía al nivel de las realidades que se viven antes, durante y después de los procesos electorales de esa entidad, según lo expuso Rogelio Márquez, líder de los diputados panistas en el Congreso del Estado de esa localidad del sur del país.
Márquez expuso, sobre la denuncia de que Gobiernos de otros estados pudieran estar apoyando las campañas priistas, que en el caso de Quintana Roo los partidos de oposición al PRI sí detectaron la presencia de un grupo organizado que se denomina “Fuerza Mexiquense”, el cual se traslada a los estados donde habrá elecciones y realiza todo un aparato de “ingeniería electoral” en favor de los candidatos del tricolor.
Ese grupo, dijo el diputado panista de Quintana Roo, es financiado por Arturo Montiel, gobernador del Estado de México y se encarga de montar maquinaria electoral en las entidades que tienen elecciones locales, a fin de propiciar las condiciones necesarias para que gane el PRI, aunque con ello se infrinjan varias normas y el propio Estado de Derecho.
