“Nadie es como otro. Ni mejor ni peor. Es otro”. Jean-Paul Sartre
El Presidente de México dio una conferencia de prensa en Guatemala este 23 de marzo junto al mandatario guatemalteco Óscar Berger. Al abordar el tema del Plan Puebla-Panamá, el presidente Fox dijo que México “no va a tomar ninguna acción, ninguna decisión que atropelle derechos de personas o de comunidades, objeción de usos y costumbres o que no esté de acuerdo con lo que la propia comunidad decida”.
Esta declaración revela un concepto “políticamente correcto” de los usos y costumbres que hace mucho tiempo debió haber sido desterrado de nuestro país. Las prácticas que se conocen con ese nombre son perfectamente aceptables —como lo es cualquier otra característica de diferenciación de una persona o comunidad- siempre y cuando no se contrapongan a los derechos individuales. El problema es que los usos y costumbres se emplean normalmente como una justificación para violar los derechos de las personas.
Un caso reciente es el de Macedonia Blas, la indígena otomí que en agosto de 2003 fue atacada por varias personas de su comunidad queretana, quienes la acusaban de adulterio. Entre otros castigos por su supuesta falta le untaron chile en los genitales. Macedonia tuvo el valor de denunciar a sus agresores, quienes se defendieron ante el juez diciendo que el castigo era el que imponían los usos y costumbres de la comunidad. El juez que vio el caso condenó a los agresores a pagar una pequeña multa, pero en la sentencia explicó que esto lo hacía porque no se había podido comprobar que el untar chile en los genitales a una mujer fuera efectivamente un castigo tradicional entre los otomíes. En el aire, sin embargo, quedó una pregunta evidente: ¿Y si lo fuera? ¿Justificaría eso la práctica?
Los usos y costumbres se han convertido en una de las formas favoritas de violar los derechos individuales en nuestro país. En muchas comunidades indígenas los caciques recurren a ellos para impedir que haya votaciones democráticas que pongan en peligro su autoridad. En otras se emplean para despojar a las mujeres del derecho a votar. En algunas más, como en San Juan Chamula, Chiapas, son la justificación para expulsar de sus hogares a quienes profesan una religión distinta a la de la comunidad. En unas más se utilizan para justificar el homicidio.
Efectivamente, ahí está el caso del reportero Philip True del San Antonio Express News, quien fue asesinado en diciembre de 1998 por dos huicholes, Juan Chivarra de la Cruz y Miguel Hernández de la Cruz. Éstos confesaron haber matado al reportero y además se les encontraron objetos que le habían robado, pero argumentaron que lo habían matado porque éste había violado los usos y costumbres huicholes al tomar fotos de lugares sagrados. Pronto se les dejó en libertad.
Me parece muy peligroso que el presidente Vicente Fox señale que no se tomará ninguna medida en el Plan Puebla-Panamá, o en cualquier otro proyecto, si existe alguna “objeción de usos y costumbres”. Quizá él no se da cuenta, pero cuando afirma que se respetarán los derechos de las personas y también los usos y costumbres está cayendo en una contradicción. Nadie puede objetar los usos y costumbres que no violan los derechos individuales. Es un derecho de los indígenas —o de cualquiera— vestirse como quieran, hablar las lenguas que prefieran o llevar a cabo sus ceremonias tradicionales. La única limitación la establecen los derechos individuales de los demás.
Todas las sociedades del mundo han reivindicado en algún momento usos y costumbres que discriminaban a grupos en particular. La tradición fue la excusa, por ejemplo, que durante siglos se empleó en las sociedades occidentales para despojar a la mujer de sus derechos políticos y de propiedad. Los usos y costumbres han sido la supuesta justificación de las matanzas de judíos en Europa o las de hutus y tutsis en Ruanda y Burundi.
Una sociedad que verdaderamente quiere vivir en un Estado de Derecho debe dejar atrás los usos y costumbres y adoptar un sistema de respeto absoluto a los derechos individuales. Es verdad que cada comunidad tiene derecho a ser tan distinta como quiera, pero cada individuo debe tener también la libertad de ser tan diferente dentro de su comunidad como lo desee.
La mayor tragedia
Lo peor de los videoescándalos es que han hecho que se borren completamente del mapa político nacional las Reformas Estructurales que el país necesita. Mientras discutimos quién le entregó cuánto dinero a quién y por instrucciones de cuál, México sigue perdiendo competitividad. Y esto, en un país en que la mitad de la población vive en la pobreza y una quinta parte en la miseria más absoluta, es la mayor de todas las tragedias.
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