A dos meses de que ocurrió el despojo del que fueron objeto los accionistas mayoritarios de la empresa Megacable, la Procuraduría de Justicia de Coahuila decreta que no hay delito que perseguir y restituye a su administrador legítimo en la posesión de los bienes de la empresa.
Así con el consabido “usted disculpe...” propio de un sistema de procuración de justicia que por lo visto no hemos superado, se pone fin al primer capítulo de un conflicto que deja heridas en la comunidad, que será difícil restañar.
Como es del conocimiento, la Procuraduría recibió una denuncia por administración fraudulenta presentada por un accionista minoritario de Megacable, en contra del administrador designado por la mayoría de los socios.
Mediante el antiguo sistema según el cual “primero fusila y después averiguas”, la dependencia puso en posesión de las oficinas y equipo de la empresa al denunciante, sin que existiera una orden judicial que así lo determinara, lo que desde luego resulta violatorio de las garantías constitucionales de la otra parte.
No interesa dilucidar cuál de las partes litigantes tiene la razón de fondo. Se trata de reprobar un acto de autoridad que constituye un atropello en sí mismo, en virtud de que es cometido sin que existan facultades ni competencia para su realización. El atrevimiento resulta explicable en virtud del desprecio al marco legal, asociado a la ambición y a un miope criterio que sin derecho y sin escrúpulo apoya al accionista local porque al fin y al cabo, la contraparte es de fuera del estado y se supone que no tendrá la influencia política o social que opere en contra del abuso.
El ocaso de la Presidencia Imperial en nuestro país, ha hecho que algunas autoridades locales se atribuyan los poderes omnímodos que otrora ejercía el Ejecutivo Federal y frente al vacío que se abre en el ámbito de la componenda ilícita, se atreven a llenarlo con singular audacia.
El mal ejemplo cunde y desde la cúpula del poder desciende a los mandos superiores y medios de la estructura del Estado, la actitud prepotente e irresponsable de una autoridad mal entendida y peor aplicada.
El procurador Óscar Calderón Sánchez, olvidó que Megacable opera concesiones federales otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones, cuyo interés rebasa los límites estatales. Era previsible suponer que la contraparte haría valer sus argumentos jurídicos apoyada en recursos e influencia, tan poderosos o más que los que llevaron a la Procuraduría a coludirse con el denunciante.
El resultado fue que con independencia de lo que ocurriera en los tribunales, ambas partes se enfrascaron en una guerra de papel al través de señalamientos mutuos que se hicieron en los medios de comunicación, a un costo que está fuera de las posibilidades del ciudadano común y que actuó como elemento de presión para que la Procuraduría diera marcha atrás y restituyera los administradores legítimos.
Un segundo capítulo se abrirá en relación a este asunto, que podrá ser ventilado en público o en privado entre los accionistas, según se impongan el encono o la prudencia y a fin de cuentas, el caso quedará saldado con el resultado que fuere. Quedan las cuentas pendientes en relación a los daños sufridos por los usuarios de Megacable, de manera principal por lo que toca a las empresas cuyos sistemas de informática estaban conectadas a Internet y que dejaron de operar como consecuencia del conflicto.
Tal vez el de Megacable sea asunto concluido. Sin embargo, en el Estado de Coahuila existen multitud de casos abiertos en condiciones similares, en los que las víctimas no tienen ni el poder, ni los recursos ni la influencia suficientes para contrarrestar los abusos.
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