Los criterios técnicos de fiscalización en la revisión de las Cuentas Públicas son iguales para todos los casos. Sin embargo, los vacíos jurídicos que hay permiten aplicar cierta flexibilidad en la práctica, dadas las diversas circunstancias en que opera cada administración municipal.
Por ello, hay coincidencia en los diputados y en la Entidad de Auditoría Superior en el sentido de que es necesario subsanar lagunas legales a través de reformas a la ley, también con el fin de evitar la politización.
Luego de que terminó el proceso legislativo que dio como resultado la aprobación de 36 Cuentas Públicas Municipales correspondientes al periodo del 2003, y el rechazo de tres, los legisladores de todos los partidos coincidieron en la necesidad de modificar la Ley de Fiscalización, para evitar, primero, la politización en la revisión, y después las descalificaciones por supuestas anomalías en los criterios que se aplicaron para revisar los informes financieros.
Entre el personal de la Entidad de Auditoría Superior se admite que los vacíos a la ley permiten que en la práctica los criterios de fiscalización se flexibilicen, y ejemplifican con lo siguiente: hay municipios que dependen al 100 por ciento de las participaciones federales, ya que no tienen ingresos propios.
Además, cuando la liberación se da días después a los señalados para el pago de nómina, tienen que recurrir a los fondos etiquetados para determinados programados, lo cual resulta una desviación, aunque sea por unas horas. No obstante, los auditores, a pesar de ello, lo pasan por alto.
Pero también los hay, por ejemplo, en la ausencia de expedientes técnicos en la ejecución de obras. Mientras que algunos gobiernos municipales subsanan de inmediato los señalamientos, otros, como Vicente Guerrero, hacen caso omiso, y por ello se les emiten observaciones contundentes que deberán solventar, o de lo contrario se les fincarán responsabilidades.
Uno de los vacíos jurídicos es que en el caso de las Cuentas Públicas que no se aprobaron (Nazas, Simón Bolívar y Vicente Guerrero), los gobiernos municipales, conforme a la ley, pueden alegar no tener obligación legal de solventar las observaciones a las presuntas irregularidades.
El artículo 34 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado establece: ?Si de la revisión y fiscalización superior de las Cuentas Públicas, que apruebe el Congreso, aparecieran irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y perjuicios en contra de las haciendas públicas estatal y municipales y al patrimonio de las entidades, la Entidad procederá de inmediato a iniciar las investigaciones del caso y, al efecto, podrá requerir a los entes fiscalizables un informe de sus actuaciones.
A partir de que se inicie la investigación, la Entidad fincará preventivamente las indemnizaciones que se deriven del presunto daño patrimonial causado y procederá al inicio del procedimiento, mismo que deberá ser resuelto al término de un año, fincando definitivamente el monto de la indemnización y de las sanciones administrativas y pecuniarias a que haya lugar?.
El ordenamiento nunca habla de Cuentas Públicas no aprobadas, que es lo que se indica como el vacío jurídico, según coinciden diputados de oposición y directivos del órgano fiscalizador; y aún cuando en el decreto legislativo correspondiente, en el artículo segundo, se instruye a la Entidad de Auditoría Superior a continuar con el proceso de investigación y solventación de las observaciones, queda en el aire la jerarquización de las normas.
Inclusive, a nivel federal, se habla de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, mientras que en otros estados como Veracruz lo que se aprueba o no es el informe técnico-contable del organismo auditor.
Los diputados consideran que con el artículo segundo de cada dictamen aprobado, ya sea positivo o negativo, en que se instruye a la Entidad de Auditoría Superior a dar seguimiento a las observaciones, se subsana el vacío en la Ley de Fiscalización; pero aún queda la incertidumbre entre los responsables de llevar a cabo las investigaciones.
Por lo pronto, los integrantes de la LXII Legislatura pretenden adelantar las reformas a la Ley de Fiscalización, antes de que termine su ejercicio legal en agosto próximo, y dejar un marco jurídico actual, seguro y completo, que erradique la politización en la revisión de las Cuentas Públicas, pero también que otorgue certidumbre legal en la revisión de los informes financieros.
La Entidad de Auditoría Superior iniciará en los próximos días la notificación a los gobiernos municipales que tienen observaciones, inclusive, a quienes se les aprobaron sus Cuentas Públicas, para que las solventen en los próximos 20 días a partir de recibir el comunicado. Si después de ello no hay cumplimiento al 100 por ciento, se inicia otra fase dentro de la etapa procesal, ahora con audiencias personales para que se desahoguen pruebas.
El diputado priista José María Alcántar dijo que no puede haber comparación entre las Cuentas Públicas de Durango y Vicente Guerrero ya que, desde su punto de vista, mientras la primera cumplió en su informe con el estado analítico de ingresos, estados programáticos, presupuestarios, financieros, económicos y contables, la segunda ni siquiera con el contenido, además de que en términos generales, con relación a lo presupuestado, en el gasto corriente se desfasó un 36 por ciento; en servicios personales 13.31 por ciento, en servicios generales 84 por ciento y en materiales y suministros un 51 por ciento.
Negó que hayan influido cuestiones partidistas, ya que se aprobaron Cuentas como la de Nuevo Ideal, El Oro, que son del PAN, y se reprobaron las de Nazas y Simón Bolívar, que son del PRI.
PORCENTAJE
Observaciones por irregularidades
El Gobierno Municipal de Vicente Guerrero fue el que mayor porcentaje de observaciones recibió en su Cuenta Pública del 2003, que le representó el 68 por ciento de lo ejercido en tal periodo, y que deberá solventar en los próximos 20 días, a partir de que reciba la notificación por parte de la Entidad de Auditoría Superior.
Esta administración se desfasó en el gasto presupuestado, entre otros rubros, en: sueldos, un 11.64 por ciento; compensaciones, 10.05; prima vacacional, 486 por ciento, y honorarios, 280.52 por ciento. Además, otras anomalías es que el Cabildo no le aprobó transferencias que realizó por la cantidad de tres millones 39 mil 437 pesos, e incrementos presupuestales del orden de los seis millones 877 mil 340 pesos.
En transferencias no aprobadas por el Cabildo, destaca que en vez de ser un millón 913 mil 601 pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, deberían ser dos millones 583 mil 710 pesos.
