Solicita la PGJDF orden de aprehensión para el dueño del grupo Quart
MÉXICO, DF.- Un día después de que el empresario Carlos Ahumada denunciara ser objeto de una campaña de intimidación y extorsión por parte de funcionarios del Gobierno capitalino para impulsar la campaña a la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) solicitó una orden de aprehensión en su contra por su presunta participación en un fraude por 31 millones de pesos en la delegación Gustavo A. Madero.
También se solicitó una orden de aprehensión contra Gustavo Ponce Meléndez, ex secretario de Finanzas de la capital.
El procurador capitalino, Bernardo Bátiz, informó que la dependencia a su cargo consignó ya el caso ante un juez penal, luego de que se encontraran elementos suficientes para acusar a ambos de cobrar obras de desazolve que nunca se realizaron.
“La Procuraduría ha concluido una parte más de la indagatoria iniciada el 28 de enero, derivada de la denuncia de un fraude por 31 millones 285 mil 163 pesos”, dijo Bátiz.
El pliego de consignación fue liberado anoche y la dependencia cambió también la situación jurídica de cinco funcionarios, tres de los cuales son prófugos por el mismo caso.
La PGJDF analiza congelar las cuentas de varias empresas propiedad de Ahumada Kurtz mientras se realizan las investigaciones de fraudes contra el Gobierno del Distrito Federal.
Sin dar detalles, Bernardo Bátiz, comentó que el Ministerio Público analiza mantener el control de los recursos hasta determinar su grado de participación en fraudes.
“Desde antes de que fueran los escándalos, empezamos a averiguar la comisión de delito de fraude en Gustavo A. Madero, los contratos por 31 millones pesos que no se hicieron, pero que sí se pagaron, como si se hubieran celebrado y nunca se cumplieron las obras.
“Desde que iniciamos eso congelamos cuentas de las empresas que participaron, no sé si ya el Ministerio Público ordenó congelación de cuentas de otras empresas”, dijo Bátiz.
Explicó que hasta al momento no han podido determinar la ubicación de Ahumada y existe la posibilidad de que ya no se encuentre en el país.
Renato Sales Heredia, subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, detalló la triangulación que relaciona a los ex funcionarios y empresarios con Ponce y Ahumada, al señalar que el primero autorizó los pagos y el segundo los cobró mediante la empresa Pagoza Urbanizadores y Constructores.
El acta constitutiva de Pagoza está registrada ante el notario público 116, cuyo titular es Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República. En ella aparece Ahumada como dueño, en sociedad con los hermanos Héctor y Antonio Martínez Ocampo, también con orden de presentación.
Rastrean los recursos
La Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda investiga el origen de los recursos que fueron entregados por Ahumada a René Bejarano, informó Juan Carlos Tamayo Pino, titular de esta dependencia.
El funcionario fue entrevistado luego de que el dirigente del PRI en el Distrito Federal, Florentino Castro López, presentó denuncias ante el Sistema de Administración Tributaria y ante la Procuraduría capitalina para que se investigue el dinero entregado por Ahumada, así como para investigar si tiene un origen lícito.
El Procurador Fiscal dijo que es necesario determinar cuál es el tipo de delito, si es que se cometió alguno, por lo que en este momento la investigación se encuentra en etapa preliminar y podría tardar hasta dos meses en ser concluida.
