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MÉXICO, DF.- Luego de la enorme expectación mediática que generó hace dos semanas la presunta demanda de expulsión contra Elba Esther Gordillo Morales y Diódoro Carrasco Altamirano, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Oaxaca se encuentra sumido en una auténtica confusión y hasta la fecha no se sabe cómo procesarán el expediente.
El diputado federal, Héctor Pablo Ramírez Puga, indicó que ambos dirigentes serán citados ante la Comisión de Justicia Partidaria en el estado, para que ahí respondan o presenten las pruebas de descargo que consideren convenientes para su defensa.
De no hacerlo, dijo, el expediente será turnado a la ciudad de México. Sin embargo, la Comisión de Justicia Partidaria en Oaxaca no tenía conocimiento de este citatorio a Gordillo Morales y Carrasco Altamirano, y su presidente, Ildefonso Zorrilla Cuevas, dijo que no se les podrá citar hasta que dicho órgano conozca el expediente y las pruebas que en el Consejo Político Estatal (CPE) se esgrimieron para expulsarlos.
El artículo 223 de los Estatutos del PRI establece que las Comisiones Estatales y del Distrito Federal de Justicia Partidaria, erigidas en secciones instructoras, integrarán los expedientes en materia de suspensión de derechos del militante, inhabilitación temporal para desempeñar cargos partidistas y solicitudes de expulsión y emitirá un dictamen.
Como se recordará, por unanimidad, 490 consejeros del PRI-Oaxaca, determinaron expulsar a Carrasco Altamirano y Gordillo Morales por presuntas violaciones a las fracciones IV y VI del artículo 227 de los Estatutos de ese partido, pero el expediente no le ha sido turnado a la Comisión estatal de Justicia Partidaria.
Zorrilla Cuevas dijo no tener orden alguna para citar a los dos involucrados, ni conoce aún las grabaciones ni los expedientes formales en los que se sustenta la demanda.
Antes de cualquier citatorio, la comisión tiene que reunirse para conocer bien el caso y erigirse en sección instructora para convocarlos, aclaró.
Ayer por la mañana, todavía esperaba una llamada de la dirigencia estatal de su partido para recibir el expediente, pero hasta cerca de las 13:00 horas ni la llamada ni los documentos llegaron y él partió rumbo a la ciudad de México para atender otros asuntos personales, según dijo.
La expulsión de Gordillo Morales estuvo sustentada por cinco oradores en el pleno del Consejo, de los cuales dos son maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) quienes la acusaron de haberles ofrecido diez mil pesos por apoyar la campaña de Gabino Cué.
La expulsión de Carrasco Altamirano fue sustentada por un orador.
En medio de esta confusión, algunos gobernadores de extracción priista empezaron a expresar su preocupación por este caso, al considerar que la expulsión de Gordillo Morales podría ocasionar una profunda división en las filas del PRI, así como la pérdida del poder electoral real que siempre le han brindado los maestros afiliados al partido.
Todo esto hace pensar que el caso ha entrado en una fase de negociación entre la dirigencia nacional del PRI y los líderes estatales del priismo de Oaxaca, que insisten en señalar a la maestra como un factor de desestabilización y de penetración en la vida interna del tricolor.
