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MÉXICO, DF.- Las dos nuevas fiscalías anticorrupción de la Procuraduría General de la República (PGR) comenzaron sus operaciones, a fin de investigar y perseguir a los empleados de la administración pública federal, así como a los servidores públicos de la institución, que incurran en prácticas corruptas.
No obstante, los titulares de cada fiscalía aún no han sido designados.
A partir del Acuerdo A/107/04 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, se creó la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal, que estará adscrita a la Subprocuraduría de Delitos Federales que tiene a su cargo Carlos Vega.
Las atribuciones, facultades y funciones de cada fiscalía son similares, sólo que ésta será competente para investigar y perseguir los ilícitos relacionados con actos de corrupción en el servicio público federal, “que tengan por objetivo o se traduzcan en un beneficio o ventaja indebidos para su autor o para otro”. Mientras que en la Visitaduría General estará la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en la Institución, como señala el Acuerdo A/106/04, que investigará en particular a los funcionarios de la PGR involucrados en estas prácticas desleales.
Desde hoy, las áreas de la PGR que tengan averiguaciones previas de delitos relacionados con corrupción de servidores públicos, deberán informarlo a las fiscalías correspondientes.
, a fin de que éstas puedan ejercer su facultad de atracción.
En los casos en que servidores públicos estén involucrados con miembros de la delincuencia organizada, las fiscalías sólo podrán investigar las prácticas de corrupción y deberán remitir un desglose a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), para que ésta realice las diligencias en el ámbito de su competencia.
El mismo criterio se aplicará en aquellas averiguaciones previas en las que también se encuentren delitos que son competencia exclusiva de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
Mientras que los expedientes que están en trámite en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, deberán ser remitidos a la Fiscalía anticorrupción de la administración pública.
Asimismo, las investigaciones que están en curso en la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución también deberán ser entregadas a la Fiscalía Especial.
Bajo estas reglas de operación iniciaron su trabajo las fiscalías, en atención a los convenios internacionales contra la corrupción signados por México.
El acuerdo de creación de las fiscalías, también señala que son además una respuesta “a la gravedad que plantea el fenómeno de la corrupción para la estabilidad y seguridad del país”.
