Varios ciudadanos y diversas organizaciones sociales han echado a andar una idea que crece día a día y hora a hora: realizar el próximo domingo 27 de junio, en la capital de la República, una gran marcha silenciosa en protesta por las condiciones de inseguridad que desde años vienen lastimando la convivencia social en nuestro país. A juzgar por los indicios que observo en los círculos sociales en que realizo mi vida cotidiana, la respuesta ciudadana a la convocatoria será enorme. Creo que este domingo seremos testigos, o partícipes, según elijamos, de uno de los actos cívicos más notables de los últimos años. En una democracia robusta la clase política apoyaría unánimemente una iniciativa como ésta, pues toca un tema que interesa a todos. No ha sido así. Tanto en los medios de comunicación, como en los sectores políticos, se han observado respuestas muy diversas. No en todos los casos han sido positivas.
En la clase política, por ejemplo, se perciben respuestas dispares. En un extremo, el jefe de Gobierno de la capital insiste en su teoría del complot y atribuye la organización de la marcha a la ultraderecha, a ciertos medios de comunicación y cualquier persona o personaje, menos a quienes convocan a la marcha. No es novedad que, en su paranoia, López Obrador denuncie al ex presidente Carlos Salinas de Gortari, pero sí es inédito que ahora acuse a la embajadora de España en México. La respuesta de otros gobiernos no ha sido tan absurda e intolerante como la de López Obrador, pero en muchos casos sí ha sido al menos lenta o desconcertada. Es bueno que esos gobiernos, incluyendo al federal, expliquen y difundan lo que efectivamente han hecho para proteger a los ciudadanos y a sus bienes. Pero si los gobernantes, y en especial los encargados de la protección de la sociedad, quieren que sus argumentos se escuchen y sus llamados de apoyo social sean atendidos, deben empezar por escuchar y atender.
Por su parte, los partidos políticos también han respondido lento y mal. Los más han guardado silencio. Eso puede ser bueno o malo, dependiendo de las razones que los motiven. Si el silencio es una muestra de respeto a la marcha, qué bueno, pues quienes la convocan han señalado que quieren realizar su marcha al margen de los partidos políticos, para que su mensaje no sea secuestrado por disputas ideológicas y electorales. Los partidos democráticos deben acatar esta voluntad.
Si el silencio, en cambio, es producto del temor a ser rebasados, mal, muy mal. Y peor aún si reprochan una acción porque ésta surja de áreas sociales presuntamente opuestas a su proyecto partidario. Semejantes repuestas omiten un hecho inocultable: los temas de seguridad deben ser apoyados sin reservas y por igual, ya sea que hablemos de la permanente zozobra de los usuarios del transporte colectivo en muchas ciudades, o del miedo que padecen millones de familias ante la idea de que uno de sus miembros sea víctima de un secuestro.
No nos equivoquemos: tanto ofende la violación de una mujer trabajadora en algún lugar de la ruta del microbús que la transporta, como la vejación y el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez o en la capital de la República, como el secuestro de una persona de poco o de mucho peculio, en cualquier lugar en el que suceda. Y todas estas cosas ocurren con demasiada frecuencia en muchas ciudades de nuestro país, incluyendo, desde luego la capital de la República.
Cada uno de esos delitos agravia a toda la sociedad, no sólo a las víctimas y a sus familiares. El combate y la prevención de esos delitos demandan acciones firmes y complejas de los tres poderes y de los gobiernos en todos sus niveles. Para proveer la seguridad que justamente demandan las personas, las familias y las empresas, se requieren la reforma de muchas leyes e instituciones, y la intervención coordinada y firme de millares de servidores públicos. Como la mayoría de los funcionarios, y casi todos los legisladores, surgen de los partidos políticos, éstos deben asumir sus responsabilidades.
Pero la participación de los partidos debe ser ejemplarmente cívica. Para empezar, deben respetar el derecho de los ciudadanos que han convocado a la marcha y el de los que asistan a ella. Deben también escuchar atentamente el mensaje social que se les haga llegar, sin tratar de capitalizar políticamente las demandas que allí se expresen. Finalmente, los partidos y los servidores públicos que de ellos surgen deben responder con acciones eficaces.
Por eso, los ciudadanos que dedicamos más tiempo a la política, es decir, los políticos profesionales, debemos dar muestras de que lo que nos mueve es nuestra vocación cívica. Tenemos que actuar como ciudadanos interesados en el bien común. Estamos obligados a comportarnos como ciudadanos conscientes de nuestros derechos y de nuestras obligaciones. Debemos actuar como ciudadanos solidarios con los demás.
