Algunas acciones de corte político han despertado suspicacias entre los grillos de esta Comarca, pues resulta que operadores del secre Raúl Sifuentes, como Miguel Ángel Riquelme y Jorge Torres, están promoviendo la afiliación y asambleas del nuevo proyecto político de la señora Patricia Mercado, que era la presidenta del extinto partido “México Posible”. La nueva organización lleva por nombre: “Alianza Socialdemócrata, Campesina y Popular”. Desde luego que los citados operadores no andan por su cuenta y riesgo realizando esos actos proselitistas, de manera que la especulación en el sentido de que don Raúl está buscando apoyos diversos para su causa, tiene sentido. Lo que se desconoce es si lo está haciendo con conocimiento del gobe Enrique Martínez, pues al margen de la decisión sucesoria que el año entrante adopte el “dedo grande” del Palacio Rosa, está claro que requerirá la unión de todas las fuerzas a su alcance para sacar adelante su gallo. Por otra parte, la pregunta obligada es: ¿A qué molino están arrimando agua los operadores del secretario?
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De un momento a otro el Congreso del estado dará a conocer los nombres de los tres titulares y tres suplentes que integrarán el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. De setenta y nueve aspirantes que originalmente se inscribieron, ya sólo quedan diecinueve. Entre ellos hay de todo como en botica, pues en la bola andan desde ex magistrados, como Xavier Diez de Urdanivia y Mariano Fuentes, hasta empresarios como Eloy Dewey. En esa lista sólo figura el nombre de una mujer: Teresa Guajardo Berlanga, por lo que hay quienes opinan que ella, “entre los muchachos y las muchachas” por necesidades de género, ya amarró un lugar en el Instituto. Como siempre, los malpensados (y muchas veces atinados) dicen que los nombres de quienes integrarán ese organismo ya fueron palomeados desde el Palacio Rosa y lo demás es puro cuento. Sin embargo, hay que admitir que el proceso, cuando menos en forma, se ha llevado ajustado a la Ley, por lo que serán los diputados quienes decidan si actúan con libertad escogiendo a los mejores para esa delicada tarea, o acatan instrucciones e integran el Instituto a conveniencia política.
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No sólo es en las maquiladoras donde se impide el trabajo a las mujeres embarazadas, ya que el Poder Judicial se las gasta igual. Resulta que algunas de nuestras subagentes casualmente se dieron cuenta de la “renuncia voluntaria” de tres empleadas federales que por cuestiones de maternidad, cuando regresaron a ocupar sus puestos, sencillamente les dijeron que no se les necesitaba más; que su puesto ya estaba ocupado y que más les convenía presentar su renuncia por motivos personales, ya que si hacían algún tipo de queja o inconformidad, se les “boletinaría” para que nunca en su vida dentro de ese nivel de Gobierno se les diera empleo por conflictivas. El lugar donde suceden estas cosas es nada menos que en los juzgados Primero y Segundo de Distrito en La Laguna. A ver qué dicen de esto los flamantes jueces Daniel Sáenz Montalvo y José Rigoberto Duéñez cuando sean citados a comparecer por Derechos Humanos.
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Un trago amargo, pasó el jueves pasado el director de Planeación del Municipio de Torreón, Luis Gurza Jaidar, porque no obstante su esmero de presentar los números relacionados con el proyecto financiero para construir el mercado “Nueva Alianza” en la reunión del comité de Impuesto Sobre Nóminas, sencillamente no convenció a ninguno de los integrantes. Es que aunque nadie lo quiere aceptar, en el Gobierno de don Memo Anaya, alguien se equivocó y “sobre las rodillas” presupuestó esta obrita en poco más de once millones de pesos, pero ¡oh sorpresa!, cuando vieron el proyecto en toda su magnitud y se dieron cuenta que el costo real superaba los veinte millones, para arreglar un poco el “riegue” lo cotizaron en dieciocho millonsejos. Aún así, no pudo entrar ni siquiera al análisis para su financiamiento con estos dineros. Ahora el argumento es que se encareció porque el estacionamiento es aéreo, ya que no se pudo hacer subterráneo y que el cemento y que las varillas. La diferencia financiera es muchísima y no muestra más que una propuesta presentada a la carrera para meter la obra a la Alianza Coahuilense.
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Al parecer ya fumaron la pipa de la paz el alcalde, Felipe Medina Cervantes y los regidores priistas que votaron en contra de su informe, cuando saliendo de la sesión de Cabildo cuestionaron la nómina, la falta de documentación, el que no se comprobaban los gastos, entre otras cuestiones; pero ayer la comisión encargada de revisar estos papeles dictaminó que todo estaba bien y que las irregularidades que habían detectado sólo eran “detallitos mínimos”.
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Resulta extraño que personal del ayuntamiento de Matamoros haya derrumbado los obradores de los ladrilleros que se encuentran al sur del municipio, cuando ellos mismos han señalado que el principal problema de los que se encuentran en el norte es que los vientos van hacia la población, lo que no sucede en estos terrenos, que precisamente se encuentran muy cerca de los lotes designados para la reubicación. Lo más raro es que todos los productores de ladrillo tienen sus papeles que los avalan como dueños de esos terrenos; pero apareció un nuevo propietario que supuestamente también es dueño de las tierras y que, además, cuenta con el apoyo del alcalde Felipe Medina Cervantes. Cómo serán mal pensados.
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Llama la atención que los regidores lerdenses que son integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, traigan una placa de policía en el cinturón, mejor conocida como “charola”. Ellos dicen que es para que los elementos de las corporaciones policíacas y la ciudadanía los identifiquen, ¿será? Pero más extraño resulta el hecho de que Rigoberto López Varela, regidor priista, haya pedido permiso para portar arma de fuego, solicitud que le fue negada porque ni siquiera los guardaespaldas de Rosario Castro Lozano, alcaldesa de Lerdo, traen pistola. Así tendrá la conciencia el regidor.
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El centralismo del Gobierno Federal sigue vigente en el país, a pesar de los resultados negativos en décadas. En octubre de cada año deben comenzar las reuniones del Comité Hidráulico del Distrito de Riego 017 para planear con toda oportunidad el ciclo agrícola primavera-verano del año siguiente, pero no ha sido posible todavía porque no reciben la autorización del Comité Técnico de la Comisión Nacional del Agua, ubicado en la Ciudad de México, que es el que determina el volumen de agua a extraer de las presas. Los plantones y bloqueo realizados hace días en la avenida Juárez, son otros problemas generados por el centralismo, pues los campesinos exigen el pago de la pensión social a los adultos mayores, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, pero la delegación regional, no tiene facultades y ahí se atora el problema.
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La situación entre los alcaldes de Matamoros y Torreón, Felipe Medina Cervantes y Guillermo Anaya Llamas, se ha tornado un tanto ríspida, pues aunque ambos aseguran que pretenden dialogar, ninguno ha dado el primer paso para realizar una reunión. Para Medina Cervantes, el problema comenzó con la exclusión del ayuntamiento de Torreón al no informarle sobre el proyecto que afecta también a la población de Matamoros, mientras que Anaya Llamas se deslinda y dice: “Que se pelee con el Gobierno del Estado”. Ambos alcaldes han declarado que no cederán a las presiones, pero la sociedad civil de Matamoros está decidida: si no se permite la entrada a los autobuses de este municipio, tampoco se dejará circular a los camiones de PASA que van al relleno sanitario y se habla, incluso, de bloquear la carretera a Saltillo. Ojalá que esta cuestión no se salga de control y que los funcionarios se tomen el tiempo que sea necesario para discutir la problemática a fondo y encontrar una solución que beneficie a ambos municipios, pues a final de cuentas es el pueblo el que paga los platos rotos.
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Nuestros subagentes gomezpalatinos nos reportan que el gobernador, Ismael Hernández Deras parece influenciado por el famoso personaje “La Chimoltrufia” de una comedia televisiva, pues frecuentemente “Como dice una cosa, dice otra”. En Durango declaró que se había iniciado una investigación para detectar el supuesto bono de marcha que se habría autorizado el ex gobernador, Ángel Sergio Guerrero Mier, para marcha muy feliz, pero ante los medios de información laguneros se hizo como que no sabía del asunto. Anunció que se invertirían mil millones de pesos en obras carreteras, aunque un día antes su secretario de Finanzas declaró que el Gobierno Federal no estaba contemplando ni un solo centavo para este rubro. Sería bueno para sus gobernados que Hernández Deras “cambiara de onda” y pronunciara un discurso directo y sin rodeos sobre las cosas que a la comunidad a la que sirve, interesan.
