A pesar de la gravedad del problema, los torreonenses carecen de información confiable sobre la presunta corrupción de policías preventivos y ministeriales coludidos con el narcomenudeo. Hasta el momento no se ha tenido una clara respuesta por parte de la delegada de la Procuraduría, María López Urbina . Por su parte, el jefazo de los “polis”, Javier Gutiérrez Pesquera, prácticamente “se lavo las manos”, ordenó algunas suspensiones y declaró que la Procuraduría Federal tenía las puertas abiertas para investigar y a otra cosa mariposa . En cuanto al Procurador del Estado, Oscar Calderón, a su acostumbrado estilo trató de minimizar los hechos que supuestamente investigaría la contraloría. Se tiene conocimiento que el Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, ordenó una minuciosa investigación en aspectos del narcotráfico en Coahuila, pues durante el año que acaba de transcurrir se vieron claros síntomas de que este delito está sentando sus reales en la entidad, donde policías municipales, ministeriales y preventivos del estado se muestran incapaces de frenar este ilícito y en algunos casos ha brotado la corrupción. Los torreonenses confían en que la delegada de la Procuraduría en Torreón deslinde responsabilidades en los hechos que involucran a servidores públicos, porque al parecer todas las cosas son del color con que se pintan. De todo este embrollo se espera la verdad, y en su caso la consignación de los responsables.
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Un punto a su favor se anotó el Alcalde Guillermo Anaya al informar que “no habrá aumento a las tarifas del transporte”. Ojalá que don Memo mantenga firmes los pantalones y no ceda ante las presiones del “pulpo camionero”. El crecimiento de Torreón está requiriendo con urgencia la reestructuración de las rutas y la mejoría de la “chatarra” que llaman autobuses a fin de que los usuarios tengan mejores alternativas que les permitan llegar más rápido y con dignidad a su destino. Lamentablemente este asunto de las rutas ha sido el “nudo gordiano” de todas las administraciones municipales en la pretendida modernización, debido a los fuertes y encontrados intereses entre los concesionarios de las dieciséis rutas actuales, pues de manera primitiva y cerrada ninguno de ellos está dispuesto a negociar y tener acuerdos participativos. Durante años han considerado ( y los han dejado considerar) que son “sus rutas” y por lo tanto feudos intocables. Alcaldes van alcaldes vienen, sin que ninguno haya logrado ponerle el “cascabel al gato”. La adecuación de las rutas constituye el paso más importante para la modernización de este servicio. ¿Podrá el alcalde don Memo ponerle el citado cascabel al pulpo? Ojalá y tenga las “voluntades políticas” suficientes.
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El alcalde de Madero, Emilio Bichara Marcos, está jugando con lumbre al no acatar una sentencia emitida por el Juzgado Segundo “B” de Distrito en la Laguna, relativa a irregularidades cometidas en el otorgamiento de concesiones para taxis que beneficiaron a perredistas. En el fondo, la realidad de este problema es que las organizaciones del PRI durante años acapararon este servicio en la ciudad, sin embargo, ello no le da derecho al Alcalde para pasarse la ley por el “arco del triunfo”, pues al parecer no se realizó el estudio previo para la licitación, tampoco hubo concurso y el ayuntamiento invadió la competencia estatal al realizar una licitación que corresponde al Estado. Frente a estos hechos, nuevamente el Alcalde da muestras de hacer a un lado la ley y esta actitud lo demerita frente a la comunidad. El respeto al derecho debería ser la norma de su gobierno, pero ello parece no gustarle a don Emilio.
