Como si la corrupción que se vive en el país no fuera suficiente, ahora el Gobierno Federal impulsa la instalación de casinos de juego en el país. Esta semana la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados someterá a votación un nuevo proyecto denominado “Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos”, en el que se plantea entre otras cosas, la creación de un organismo regulador; señalando que esta actividad estará prohibida cuando “vaya en contra de la moral, las buenas costumbres y el orden público”. Sobre esto cabría preguntarse: ¿Qué tan moral y de buenas costumbres podría calificarse el “desplumadero de incautos” o inclusive de viciosos del juego que en su enfermedad llegan a perder su patrimonio dejando a la familia en el desamparo y a merced de agiotistas a los que suelen acudir para “no quedar mal” con la mafia de los casinos? ¿Y los suicidios que periódicamente ocurren en estas áreas? Seguramente habrá el suficiente dinero para “taparlos”, como también el alcoholismo, prostitución y venta de drogas provenientes de jugosos negocios alternos al juego. Pero no hay que preocuparse, los interesados defensores afirman que nada de esto afecta “el orden público” y exponen que el mencionado proyectito es “generoso” pues propone que la mayor apuesta posible sería de noventa mil pesos, no se sabe si por apuesta, por hora, por noche, día, mes o año; pero ciertamente resulta ridícula y difícil de cumplir. La realidad es que el proyecto responde a intereses internacionales, con el “señuelo social” de que el dieciocho por ciento de los ingresos netos (es decir de lo que queda después de inflar gastos) se repartirán entre los Gobiernos: Federal el cuatro, Estatales el seis y Municipales el ocho. Se desconoce si también se incluirán los ingresos de los negocitos alternos. La realidad es que no se trata de un asunto que beneficie al país, aunque así lo pretendan hacer creer, sino más bien convertir a México en “La Habana de Batista” moderna. Actualmente el gran capital internacional ya se apoderó del noventa y tres por ciento de los bancos, casas de bolsa, aseguradores etc. y ahora busca el petróleo y la energía eléctrica, así como el control de los ingresos en áreas de corrupción; para ello sólo requieren “chiquitear” a nuestros legisladores para que les abran las puertas a los juegos de azar, en los que supuestamente se impondrá la moral, las buenas costumbres y el orden público. Si predomina este criterio en nuestros legisladores no quedará más remedio que gritar: “Vivan los Carlos Ahumada, “los Bejarano, “los Niños Verdes” y viva todo lo que huela a corrupción, que al cabo el país aguanta.
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El que de plano no se midió fue el director de Planeación Municipal, Luis Gurza Jaidar, quien sin decir “agua va” se aventó el tiro de disponer de recursos del Fondo de Infraestructura Social para comprar una camionetota de lujo tipo Suburban con un costo de cuatrocientos dos mil pesotes. Se sabe que el citado Fondo se destina para combatir el rezago social y la marginación y no para este tipo de compras. Probablemente el citado funcionario se consideró “marginado y rezagado”, pensando que con el lujoso vehículo brincaría a otro nivel social, de otra manera no se explica el desvío de recursos, que ya fueron detectados por la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, destacando en su informe que se trata de una irregularidad. Sería conveniente que el alcalde Guillermo Anaya le comprara su “bochito” al citado funcionario aunque perdiera “estatus social”, así se podría destinar el producto de la venta de la Suburban a los objetivos del citado Fondo.
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Muy concurrida resultó la Reunión Pública organizada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sobre el proyecto de la presa del Cañón de la Cabeza, en el río Aguanaval, predominando la negativa para su construcción, porque según dijeron numerosos participantes provocaría más perjuicios que beneficios. Se comenta que el director municipal del Medio Ambiente de Torreón, Rodolfo Walss Aurioles, le echó la caballería a los directivos de la Comisión Nacional del Agua, acusándolos de mentirosillos, pues según dijo, el Municipio no había solicitado el proyecto de las presas, como informó la CNA, además se ocultó la información requerida por el Ayuntamiento sobre el impacto ambiental en el área protegida del Cañón de Jimulco. Varios ambientalistas coincidieron en señalar que no son necesarias las presas, aunque hubo también voces a favor, como las del diputado federal por Durango, Fernando Ulises Adame de León, el ambientalista Luis Maeda Villalobos y el empresario Carlos Delgado López, integrantes del grupo Laguneros por el Agua. Este miércoles continuará la reunión pública, ahora sobre la presa del Tigre, donde existe más rechazo por tratarse de una presa almacenadora.
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El alcalde de Madero José Luis Marrufo, continúa evadiendo a los medios de comunicación. Para cualquier tipo de aclaración o información pide a los reporteros que se dirijan a las oficinas de Comunicación Social. Ningún asunto quiere tratar el señor alcalde con los medios informativos y para colmo tampoco atiende a las personas que tienen cita, muchos lo esperan hasta dos y tres horas pero finalmente se van sin ser atendidos. Las necesidades del Municipio son muchas y la administración marcha a la deriva porque el Alcalde ya se cansó de atender problemas. Tal vez sería mejor que pidiera licencia y entrara un relevo que realmente traiga ganas de torear.
