En aspectos de obras públicas, el alcalde Guillermo Anaya no ha cumplido con la trasparencia ofrecida a la comunidad; a manera de ejemplo citaremos la remodelación del bulevar Independencia, desconociéndose a la fecha si la obra se licitó y quien o quienes fueron los contratistas. Esta información es necesaria por las fallas surgidas, entre ellas: la pésima compactación que provocó hundimientos en la carpeta asfáltica, ignorando los torreonenses si la reparación se pagó con dineros del pueblo o la cargaron al irresponsable contratista. Es importante conocer lo anterior, porque los problemas no han terminado. Todo parece indicar que buena parte de la “lana” invertida en palmas y árboles sembrados en el camellón central, fue dinero tirado a la calle, pues de las ciento veinticinco palmas, setenta y cinco se ven totalmente secas; y de ciento cuarenta y siete árboles, sesenta y cinco corrieron con la misma suerte. Esto quiere decir que al 50% de lo sembrado (si no ocurre un milagro) ya se lo llevó el “chahuistle” por la irresponsabilidad del “ay se va”. Es obvio que los torreonenses requieren ser informados; confían en la trasparencia del gobierno y por ello esperan respuesta a las siguientes preguntas: ¿Quién fue el proveedor de las plantas? ¡Quién el contratista o funcionario responsable? ¿Qué sanción se aplicará y de dónde saldrá el dinero para reponerlas? Ojalá que don Memo no salga con “domingo siete” tratando de tapar el sol con un dedo y perdiendo la confianza de sus gobernados, que la tienen bastante endeble.
Ya que hablamos de irresponsabilidades y falta de trasparencia en las obras de gobierno, sería conveniente que el Secretario de Obras Públicas de Coahuila, Jorge Viesca Martínez, informara a los torreonenses, el nombre del principal contratista que realizó la construcción del Distribuidor Vial Revolución, dándoles además una detallada explicación sobre las fallas detectadas. ¿Por qué ocurrieron y quien pagó su costosa reparación? Es lamentable que este tipo de proyectos no sean previamente sometidos a consideración de los colegios de ingenieros y arquitectos en esta región. El citado jefazo de Obras Públicas ha sido omiso en informar de las citadas fallas, como también lo ha sido con la comunidad. Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la Laguna, Sergio García López, afirma que en diciembre pasado fueron cambiados catorce empaque de neopreno en las columnas que sostienen la estructura; dicen se movieron o “sentaron”, pero la realidad es que no sirvieron, a pesar de que su vida útil era de por lo menos cincuenta años. Sobre esto debería informar Viesca Martínez, pues hay quien dice que no se aplicaron las fianzas al constructor por tratarse de un personaje consentido por el Palacio Rosa de Saltillo, o sea que la costosa reparación también se cargó a los dineros del pueblo. La triste realidad es que entre funcionarios y contratistas se cubren unos a los otros y al pueblo sólo le dan atolito con el dedo. Recuerden que su jefe máximo quiere ser Presidente; no le ayuden tanto.
Sobre el proyecto de las presas El Tigre y Cañón de la Cabeza, en el río Aguanaval, habrá que esperar el dictamen de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), toda vez que ésta ya cuenta con los elementos para emitirlo, pues ya se le envió el estudio de impacto ambiental y se realizaron las reuniones o consultas públicas en donde participaron numerosas personas y agrupaciones de la sociedad civil. Lo ideal sería que la decisión de la Semarnat, a favor o en contra de su construcción, sea acatada por todos para evitar división entre los laguneros, pues es evidente que se han formado dos frentes que se acusan mutuamente de intereses ocultos. Se dice que el dictamen quedará terminado en los primeros días de junio, pero podría extenderse otros sesenta días si así lo considera conveniente la Semarnat. Este tiempo podría ser aprovechado por ambos grupos para llegar a un acuerdo en el que predominara el beneficio comunitario. ¿Será posible?
