Al que se le puede aplicar la frase de que: ?a explicación no pedida, acusación manifiesta?, es al diputado federal Jesús María Ramón, pues son muchas las personas a las que les ha ?aclarado? que su proyecto político (en su intención de ser gobernador de Coahuila) es distinto al del secretario de Gobierno Raúl Sifuentes, y por lo tanto no es cierto que hayan hecho alianza con miras a la sucesión gubernamental. A muchos de los grillos con los que se topa, les repite el mismo estribillo; pero la realidad es que nadie le cree, pues son ostensibles los signos de que ambos personajes están amarrados para apoyarse mutuamente en caso de que uno de los dos sea el señalado por el dedo divino de la mano del gobe don Quique. Para ambos, lo importante es cerrarle el paso a otros suspirantes, como Alejandro Gutiérrez, Humberto Moreira y Javier Guerrero, aunque al hacerlo el secre don Raúl beneficie al citado Chuy María quien fuera el adversario más fuerte y que más lata y zancadillas le metió a Enrique Martínez en la elección interna del PRI del noventa y nueve de la que al final de cuentas y gracias al voto de la ciudadanía el gobe pudo ver realizado su sueño dorado. Sin embargo, en materia de grilla, como en el Big Brother, las reglas cambian y ahora don Raúl, que se la jugó a muerte con don Quique y en contra de Chuy María, hoy está a partir de un piñón con el empresario acuñense.
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La tan llevada y traída iniciativa de ley de Arbitraje Médico para el estado de Coahuila, que se estuvo ?estudiando? en el Congreso por más de un año, acaba de ser consensuada y está lista para ser discutida en la segunda semana de mayo. Pero resulta que ese proyecto de gran importancia para la ciudadanía en los casos de negligencia médica, acabó en un verdadero parto de los montes, pues la Comisión de Salud del Congreso, que encabeza el diputado panista José Andrés García Villa, determinó retirar del proyecto las multas que se iban a aplicar a los médicos que no comparecieran ante la Comisión de Arbitraje, así como las facultades a dicha Comisión para que obligara a los galenos a comparecer ante ella mediante el uso de la fuerza, cuando se pusieran rejegos. En ese sentido, dicen los enterados, de aprobarse el proyecto como está elaborado (lo cual es probable dada la escasa capacidad y sumisión de los diputados), las negligencias médicas que lleguen a cometerse en Coahuila no podrán ser sancionadas, pues si el presunto responsable se niega a comparecer no habrá forma de obligarlo y si no es oído por la Comisión, ésta no podrá sancionarlo pues violaría su garantía de audiencia. En los pasillos del Congreso se comenta que la rasurada que le dieron al proyecto obedece al hecho de que como García Villa es médico y hay por ahí otro galeno diputado priísta, Esteban Martínez, pues ambos se curaron en salud y de una buena vez se auto inmunizaron contra futuras demandas y de pasada quedaron bien con su gremio aunque dejaran desprotegidos a los pacientes.
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Preocupa a los torreonenses la posible desaparición del Fideicomiso para la atención de los niños afectados por el plomo generado por la planta Peñoles. Se tiene conocimiento que los 60 millones de pesos aportados por dicha empresa, así como los intereses generados en estos años, prácticamente ya se gastaron, pues al 31 de diciembre pasado quedaban apenas 3 millones. Los que de estos saben dicen que Peñoles no esta dispuesta a una nueva aportación, y menos en las condiciones actuales, porque los manejos de los recursos no han sido muy claros, si bien es cierto que todo se justifica contablemente, en el fondo permean serias irregularidades, mencionándose entre otras los elevados gastos administrativos, pagos por consultas médicas y laboratorio que en la mayoría de los casos no tienen que ver con niños y adultos afectados por la contaminación de la planta. Comentándose que la Secretaría de Salud en Coahuila y su titular la doctora Berta Castellanos se han columpiado en estos recursos para diversos problemas de salud que correspondería pagar al Estado; y que además el doctor Víctor Lujan, coordinador médico del programa en el Fideicomiso, a favorecido a diversos médicos con el pago de numerosas consultas, resultando inexplicable que por un lado las estadísticas revelan una considerable reducción en los casos de niños afectados por plomo, pero por otro las consultas médicas se incrementan desproporcionadamente, prueba de ello es que en el año 2000 se pagaron dos mil novecientas consultas, mientras que en el 2003 se pagaron cerca de treinta y tres mil. Extrañamente la contraloría del estado solo audita los comprobantes de gastos más no la aplicación de los recursos de conformidad con los fines del fideicomiso; por otro lado se dice que el contador asignado por Peñoles dentro del citado comité peca de ingenuidad o parece no preocuparle el destino de los recursos, prueba de ello es de que delante de sus narices se pagaron vales de leche dobles por cerca de tres millones de pesos y ni cuenta se dio. Este fraudecito sin resolver ha sido poco conocido por la comunidad. Los gastos de administración se manejan al antojo del secretario técnico Ricardo Hamdam Huereca, del que se dice está manipulado por Víctor Lujan y una doctora de apellido Torres. De todo este sainete preocupa que Peñoles pudiera decidir lavarse las manos y no entrarle con aportaciones para un nuevo proyecto de atención a los afectados, y que bien podría estar organizado por la sociedad civil con la integración de los llamados ONG, organismos no gubernamentales que sin intereses políticos apoyan a la comunidad. Algunos organismos de este tipo operan en Torreón y en el país con excelentes resultados.
