Tribunal de lo Contencioso impartirá justicia administrativa a duranguenses
En lo general y en lo particular, los primeros 198 de los 368 artículos de que consta, ayer fue aprobado por unanimidad del pleno de diputados de la LXII legislatura local el Código de Justicia Administrativa, que servirá de instrumento jurídico para que los ciudadanos se defiendan en contra de actos que atenten contra sus intereses, realizados por servidores públicos estatales y municipales, inclusive en materia fiscal, que configuren la negativa ficta.
Fueron dos sesiones, una matutina y otra vespertina, las que realizaron ayer los diputados, dentro del periodo extraordinario a que se convocó, para dar trámite a la aprobación en lo general del Código de Justicia Administrativa, que contempla la organización y funcionamiento de un Tribunal de lo Contencioso en la materia, con jurisdicción en todo el territorio estatal, y que se encargará de dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre los particulares y administraciones estatales y municipales.
Además, conocerá las impugnaciones que se promuevan en contra de las resoluciones definitivas que dicten las autoridades mencionadas, en la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
En la actualidad, el único medio de defensa que tienen los ciudadanos, contra actos de la administración pública en su contra, es el amparo de la justicia federal. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo funcionará en pleno y en tres salas unitarias, de las cuales fungirá como superior, y que se encargará de resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones de los magistrados instructores.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá competencia para resolver los juicios que se ventilen por las controversias que se susciten en relación con la legalidad, interpretación y cumplimiento y efectos de actos, procedimientos y resoluciones de naturaleza administrativa y fiscal que emitan las autoridades estatales, municipales u organismos descentralizados y los públicos autónomos, cuya actuación afecte la esfera jurídica de los particulares.
El Código de Justicia Administrativa que consta de tres libros, que contienen 368 artículos, de los cuales aún restan 170 de aprobar durante las dos sesiones que se desarrollarán este día en el Congreso, en materia fiscal, conocerá de los juicios que tengan por objeto que se declare la configuración de la positiva ficta en que incurran las autoridades del Estado, del Municipio o de sus organismos descentralizados, cuando esta figura legal se encuentre prevista en las leyes aplicables del estado.
Dentro de las consideraciones que fundamentaron la aprobación del Código, destacó que Durango no se puede sustraer al avance de la jurisdicción administrativa local, que debe ser irreversible, ya que la eficacia con que se imparte la justicia en la material en las demás entidades federativas ha demostrado que se ha llegado a convertir en un instrumento de legitimación de la actividad gubernamental.
CÓDIGO
Destacan utilidad jurídica
Diputados de PRI, PAN, PRD y PT, Octaviano Rendón Arce, María del Rosario Castro Lozano, Blas Rafael Palacios Cordero y Sergio Carrillo Arciniega, en la exposición de motivos sobre el Código de Justicia Administrativa, coincidieron en señalar que los duranguenses tendrán a su alcance el instrumento jurídico para defenderse de los actos en su contra que realice la administración pública estatal, municipal y de organismos descentralizados y públicos.
Explicaron por separado, durante sus intervenciones en la tribuna parlamentaria, el contenido de cada uno de los tres libros de que consta el Código: el primero establece la definición del acto administrativo; el segundo contiene todas las fases del procedimiento contencioso, calificándosele como la piedra angular del ordenamiento al prever las actuaciones procedimentales, y el tercero es el que se refiere a la organización y funcionamiento del Tribunal, para lo cual incluso ya se contempla una erogación de cinco millones 700 mil pesos, dentro del Presupuesto de Egresos del Estado.
